Gallardón propuso el indulto en el consejo de ministros. El hijo del ministro trabaja en el bufete que representó al condenado.
La asociación Stop Accidentes denunció ayer el indulto de un conductor ‘kamikaze’ condenado a trece años de prisión por la muerte de un joven contra el que estrelló su coche cuando circulaba en sentido contrario por la autopista AP-7, en el término de Polinyà del Xúquer (Valencia). Dicho indulto se produjo el pasado 7 de diciembre, y según la resolución publicada por el Boletín Oficial del Estado -firmada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón-, se conmuta la pena de cárcel por una multa de poco más de 4.000 euros (seis euros diarios durante dos años).
Los hechos sucedieron la tarde del 1 de diciembre de 2003, cuando el acusado conducía su vehículo por la autopista AP-7 en dirección a Alicante. Tras protagonizar varios incidentes con otros vehículos, efectuó un cambio de sentido y circuló varios kilómetros en dirección contraria. Los coches con los que se cruzaba tenían que apartarse hacia el arcén o hacia la mediana para evitar una colisión. Finalmente chocó de manera frontal con un turismo en el que viajaban un joven de 25 años y su novia, de 21. Como consecuencia del brutal impacto, el conductor falleció de un traumatismo craneoencefálico severo, mientras que su pareja sufrió contusiones, fracturas y heridas que le han dejado numerosas secuelas.
La decisión de indultar al ‘kamikaze’, según criticó Stop Accidentes, «quita credibilidad» tanto a los jueces «que ponen penas con el rasero alto para que estos hechos no vuelvan a ocurrir», como a las asociaciones que pelean por la seguridad vial, a la Dirección General de Tráfico (DGT) y al propio Gobierno.
José Ruiz-Gallardón Utrera, uno de los cuatro hijos de Alberto Ruiz-Gallardón, trabaja en el mismo despacho de abogados que ha llevado la defensa del conductor condenado a 13 años. La conmutación de la pena, reducida ahora al pago de 4.200 euros, se produjo «a propuesta del titular de Justicia previa deliberación del Consejo de Ministros», según recoge el BOE del 5 de enero, pese a los informes contrarios del tribunal de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia que le juzgó y del ministerio fiscal. Prueba de la postura de los magistrados ante la medida de gracia fue la orden de ingreso en prisión del condenado (donde ha estado diez meses) oponiéndose a suspender la pena en tanto se resolvía el indulto.
La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, también rechazó la concesión de esta medida sin que tampoco se tuviera muy en cuenta su opinión. Aún así, en el Real Decreto por el que se concede el indulto se recoge textualmente que «se han considerado los informes del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal», sin aludir a la oposición de ambos. De la defensa del ahora indultado, vecino de Almoradí y delegado de postventa de Opel en la Comunidad cuando se produjeron los hechos, se ha ocupado el letrado Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, del bufete Uría Menéndez.
Uno de los grandes despachos del país en el que además del hijo del ministro (quien regresó a la sede de Madrid desde la oficina de Sao Paulo después de que unos atracadores mataran en su presencia a un amigo y compañero en la ciudad brasileña) trabaja también la letrada que representó a la compañía automovilística, citada como responsable civil subsidiaria, dado que el vehículo con el que se produjo el siniestro era de la empresa.
El letrado del kamikaze es hermano de Ignacio Astarloa, subsecretario de Justicia de 2000 a 2002, secretario de Estado de Seguridad los dos años siguientes y cuyo nombre llegó a sonar con Rajoy para la cartera de Interior e incluso para la de Justicia que ahora ocupa Gallardón.