Este viernes comienza la campaña electoral para los comicios generales de próximo 28 de abril 2019 y también para los autonómicos en el caso de la Comunitat Valenciana. En Sueldos Públicos analizamos las diferentes propuestas contenidas o no en sus programas en materia de transparencia, lobbies, retribuciones, gasto y regeneración democrática en las instituciones públicas.
PSOE
Los “110 compromisos con la España que quieres” del Partido Socialista no contiene muchos puntos que prevean modificaciones significativas en la transparencia institucional actual. Parece que el espíritu del 15M se ha esfumado y ya no aparecen tantas propuestas sobre transparencia y regeneración. Ese boom se ha desinflado.
Entre los aspectos más relevantes está el punto 100, en el que el partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se compromete a hacer “efectiva” la obligación de transparencia de las administraciones públicas. Su idea sería aprobar un Reglamento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que entró en vigor en 2013, y adoptar un protocolo de su cumplimiento por parte del Consejo de Transparencia. En qué consistiría dicho protocolo no queda detallado. Este digital puede corroborar que en algunos casos la citada norma no se cumple. Es el caso del municipio valenciano de Buñol, donde se celebra la famosa Tomatina, que no tiene un Portal de Transparencia.
Por otro lado, en cuanto a gasto público, el PSOE se compromete a mejorar la eficiencia, progresividad y calidad del gasto público. Para ello, pretende potenciar el Plan de Acción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para la revisión y mejora del gasto público. En 2019 se centraría en beneficios fiscales, gasto en medicamentos hospitalarios, infraestructuras de transporte y en incentivos a la contratación.
Partido Popular
La formación conservadora se centra en potenciar los mecanismos de transparencia en el Gobierno con la intención de reforzar el control del Parlamento sobre la Administración General del Estado. Sobre cómo potenciar el Gobierno Abierto, quieren poner a disposición de los ciudadanos información “amplia y detallada” del uso de los recursos públicos y ofrecer “información más comprensible”, por lo que entienden el “uso de datos abiertos y visualizables, como tablas y gráficos”.
También prometen establecer mecanismos de control de las dietas y los desplazamientos, a diferencia de la situación actual en que los diputados del Congreso reciben una indemnización mensual (917 euros si son de Madrid y 1.921 euros para los de otra circunscripción) para su uso libre. Similares cantidades para los senadores. Recuerda Unidas Podemos impone a sus cargos electos un límite salarial, ligado al Salario Mínimo Interprofesional. El tope son tres veces el SMI al mes, con algunas excepciones por hijos o personas a su cargo. Este año, el SMI ha subido a 14 pagas anuales de 900 euros netos. Por otro lado, Unidas Podemos quiere aumentar la transparencia en torno a los gastos de comunicación de las administraciones públicas.
Sobre inversión en servicios públicos, pretenden alcanzar la que se hace en “otros Estados de la zona euro”, con un paso del 6 % del PIB en sanidad al 7,5 % en 2023, y del 4 % del PIB al 5,6 % en educación para 2023.
Ciudadanos
El partido ‘naranja’ coincide en algunos puntos con los ‘populares’. Así, también promete más transparencia en centros educativos, además de en las universidades y que estas hagan públicos y accesibles todos los trabajos que otorguen un título oficial, para evitar casos como el del máster de Cristina Cifuentes o Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos.
Sobre los grupos de presión, propone novedades más duras que las medidas del PP, ya que además de un registro y un código de conducta, quieren obligar a publicar las agendas de trabajo completas de todos los cargos públicos, así como una huella legislativa de los proyectos normativos del Gobierno que recoja los trámites e identifique los grupos de interés que hayan intervenido.
El partido presidido por Albert Rivera pretende “actualizar” la Constitución Española, para, entre otras cosas, incorporar el derecho a la transparencia y a la información pública como un derecho constitucional. Proponen una reforma de la financiación autonómica y municipal con la que garantizan una mayor transparencia, una nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos “que refuerce la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas” y esperan “desbloquear” el nombramiento de un nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como retirar los recursos judiciales iniciados contra esta institución independiente del Gobierno.
Sobre gasto público, la formación naranja asegura que llevará a cabo una auditoría integral que permita “acabar con el gasto superfluo” e invertir en fines más prioritarios para el interés general, aunque no especifica en qué ámbitos, además de reforzar “con más medios” la revisión del gasto en subvenciones que viene realizando la AIReF, del mismo modo que los socialistas. Además, hace un inciso en cuanto a las televisiones autonómicas, que también serán auditadas “para reducir gasto innecesario y aseguraremos que sus contenidos no sirvan para hacer propaganda ideológica”, en referencia velada a TV3. Asimismo, contempla dejar de prorrogar “de forma automática” las concesiones de autopistas de peaje sin justificación ni transparencia.
Vox
Por último, Vox, que dio la sorpresa en las elecciones andaluzas, no ha presentado un programa específico para estas elecciones. La única guía disponible actualmente son sus “100 medidas para la España Viva” publicada en su web, que ya venía reivindicando previamente. Sobre transparencia, solo menciona “reforzar la normativa de incompatibilidades de los políticos tras el abandono de los cargos públicos”.
En cuanto al control de los grupos de interés, promete “anteponer las necesidades de España y de los españoles a los intereses de oligarquías, caciques, lobbies”, aunque no contempla mecanismos para garantizarlo. En relación con la inversión pública, es radical en su intención de reducir al máximo el gasto del Estado, a través de la eliminación de “duplicidades”, agencias “superfluas” y “chiringuitos”.
El partido de Santiago Abascal, con 12 diputados cobrando sueldos públicos en el Parlamento de Andalucía, pretende eliminar cargos y organismos “duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón prescindibles”, lo que incluye suprimir el Senado y las comunidades autónomas con sus mecanismos legislativos y de gobierno. Sí que es cierto, como ya te contamos en octubre, que Vox lleva en sus propuestas progamáticas eliminar casi 82.000 cargos políticos en España, pero no dice nada sobre las retribuciones de estos ni las de los responsables de entes públicos, como el que dirigió Abascal durante su etapa en la Comunidad de Madrid en las filas del PP. Fue director de la Agencia de Proteción de Datos, con un sueldo de 82.000 euros euros y un complemento de 11.000.
