El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que devuelve el acceso al Sistema Nacional de Salud, una medida que el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García (Sumar), presenta como un avance en derechos, pero que en la práctica supone una modificación de los mecanismos de vigilancia sobre el movimiento humano. La norma intenta mitigar la violencia administrativa que el Estado ejercía contra cualquier persona que no se ajustara al sedentarismo del padrón.
La potencia del control frente al derecho a la salud
Hasta la firma de este decreto, el Estado utilizaba su potencia legislativa para convertir la frontera en un muro sanitario desde 2012. Esta estructura de encierro afectaba a todos los que decidían desplazarse:
Emigrantes españoles: El ciudadano nacido en España que salía del país era despojado de su identidad sanitaria por la Seguridad Social. Al regresar, se encontraba con que el Estado le exigía pruebas de indigencia para ser atendido, usando la burocracia como una fuerza de choque.
Inmigrantes y personas en tránsito: El requisito de los 90 días funcionaba como un filtro policial encubierto, obligando a las personas a permanecer en la sombra antes de ser reconocidas como sujetos con derecho a médico.
Nuevos nombres en la gestión de la movilidad
La ministra Mónica García y la ministra Elma Saiz han articulado este cambio mediante la declaración responsable. Aunque se elimina la necesidad de demostrar la residencia con facturas o contratos, el Estado mantiene su potencia de registro:
Base de datos unificada: Los nombres de todos los que accedan al sistema quedarán registrados en un archivo centralizado del Ministerio de Sanidad.
Identificación obligatoria: El uso del Documento de Identidad o pasaporte sigue siendo la llave para abrir el muro sanitario, manteniendo el vínculo entre salud y control policial de la identidad.
Este cambio no es un acto de generosidad del Estado, sino un reconocimiento de su propia impotencia para seguir encerrando la salud tras fronteras administrativas. La exclusión total del bloque migrante estaba generando una tensión que el ejecutivo de coalición ha decidido aliviar antes de que la violencia del sistema encontrara una respuesta simétrica. Con estos datos y nombres sobre la mesa, la ley de 2026 se presenta como una tregua en la constante presión que el Estado ejerce sobre la libertad de movimiento de las personas.
Os dejo un resumen del real decreto que ha impulsado hoy @Monica_Garcia_G para ampliar la cobertura sanitaria a migrantes y a españoles residentes fuera de España. pic.twitter.com/YzebY2Ozis
— Tesh Sidi (@teshsidi) March 10, 2026
— Tesh Sidi (@teshsidi) March 10, 2026
