Los cabecillas de la trama Gürtel, cuyos abogados pedían ayer la nulidad del primer gran juicio por una supuesta “vulneración de los derechos de los acusados”, han logrado salirse hoy con la suya al conseguir que el tribunal valenciano que juzga la causa suspenda el juicio hasta el día 11 de junio.
Así lo ha comunicado la presidenta de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar Oliva, tan solo un día después de iniciarse el juicio, argumentando que la decisión ha sido tomada para “garantizar al máximo el derecho de defensa de los acusados”.
Se trata de la pieza 3 del caso Gürtel, una de las seis piezas abiertas por la financiación irregular del PP valenciano, en la que se juzgan delitos de falsedad, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias relativos a irregularidades en las contrataciones de la feria Fitur entre 2005 y 2009, entre la Generalitat y la empresa vinculada a la trama Orange Market.
Entre las 13 personas acusadas en este juicio se encuentran el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y dos exconselleras del equipo de gobierno del anterior presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ya juzgado por el famoso ‘caso de los trajes’, que también involucraba a la red Gürtel.
El Partido Popular resulta así beneficiado al alejarse uno de sus grandes escándalos del entorno mediático, posponiéndose hasta después de las elecciones las informaciones negativas sobre el partido que pudieran extraerse durante el proceso.
Si ayer las defensas de los acusados alegaban para la solicitud de nulidad del juicio que se habían vulnerado los derechos fundamentales de sus defendidos mediante supuestas detenciones ilegales o la intervención de las comunicaciones telefónicas, este miércoles han solicitado la suspensión alegando la incorporación reciente a la causa de nueva documentación que no estaba a disposición de las partes en el momento de formular los escritos de acusación y defensa.
Además, el abogado de Pablo Crespo, número 2 de la trama, ha enfocado su defensa en tratar de convertir el juicio por corrupción en un proceso político, llegando a afirmar ayer martes en la sala que la causa tiene “unos componentes políticos indiscutibles”, y ha pedido la recusación de uno de los tres jueces, Juan Climent, argumentando que formó parte del gobierno socialista de la Comunidad Valenciana en los años ochenta.
Sobre la solicitud de recusación del magistrado, a la que se adhirieron el resto de acusados, la presidenta de la sala ha señalado que se resolverá por escrito. Por su parte, la Fiscalía y el PSPV, que representan la acusación, han defendido que el tribunal no está contaminado.
