A raíz de la Orden ministerial publicada ayer martes en el BOE, según la cual el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprueba la contratación de empresas privadas para realizar auditorías que deberían llevarse a cabo desde el ente estatal, los técnicos del ministerio han emitido un comunicado denunciando el “dispendio” de dinero público que supondrá dicha externalización, justificada por una supuesta “insuficiencia de medios”, mientras los propios trabajadores de Hacienda son apartados de sus funciones.
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) informa de que no es el primer año que el Gobierno procede a pagar a auditoras privadas con dinero de las arcas públicas y calcula que la subcontrata de estas empresas costará al Estado alrededor de 3,6 millones de euros entre 2013 y 2017.
Las auditorías entregadas a la empresa privada serán las referidas a la gestión de subvenciones, las ayudas públicas y los fondos comunitarios de la UE para 2014 y 2015.
“Muchos técnicos auditores con experiencia y veteranía en el ejercicio de su profesión han visto cómo se les han reducido las funciones y competencias a favor de las grandes firmas de la auditoría privada”, denuncian desde el sindicato.
La “insuficiencia de medios” de Montoro
Concretamente, la Orden dictada por el ministro de Hacienda declara la “insuficiencia de medios” de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para cumplir con alguna de las auditorías previstas en el Plan Parcial de Auditorías para 2015 y en el Plan de Control de Fondos Comunitarios 2014-2015, por lo que autoriza al organismo a contratar a empresas privadas para realizar esta tarea.
En la Orden ministerial se explica que la Intervención General de la Administración del Estado, como en años anteriores, «carece de efectivos suficientes» para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones de control y auditorías previstas en ambos planes.
Amparándose en razones «de eficiencia técnica y organizativa» para cumplir con los objetivos de ejecución de dichos planes y “en razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional y comunitaria”, Hacienda justifica la necesidad de establecer un proceso de “colaboración” con empresas privadas de auditoría mediante la “contratación de determinadas actuaciones de control”.
La Ley General Presupuestaria establece la obligación por parte de la Intervención General de la Administración del Estado de realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades estatales de derecho público, consorcios, fundaciones del sector público estatal, y sociedades mercantiles estatales, entre otras.
En caso de insuficiencia de medios, la normativa permite recabar la colaboración de empresas privadas para ejecutar el plan de auditorías, siendo necesaria una Orden del Ministerio de Hacienda para ello.
En la Orden publicada hoy, en vigor a partir de este miércoles, el ministro autoriza a la IGAE, «dentro de sus disponibilidades presupuestarias», a utilizar empresas privadas para realizar las auditorías de las cuentas anuales de los organismos y entidades antes citados y para la realización de controles de fondos comunitarios.
Asimismo, se autoriza la celebración de estos contratos de colaboración con auditoras privadas por un plazo de vigencia superior a un año en aquellos trabajos de control o auditoría que tengan carácter periódico y recurrente. (Postdigital/Agencias)
