La plataforma Todos Contra el Canon, compuesta por 34 organizaciones, entre las que se incluyen la Asociación de Internautas (AI) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), ha presentado hoy ante el Senado un escrito con su propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, que ya fue aprobado el pasado 22 de julio en el Congreso, con solo los votos favorables del Partido Popular, en una polémica sesión plagada de errores.
En el escrito presentado, los internautas piden a los grupos políticos incluir dos enmiendas en el Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual que se tramitará en el Senado, referentes a lo que denominan Canon Digital y en el que incluyen la conocida como ‘tasa Google’ y la compensación por el derecho de copia privada, unas medidas que consideran «anacronismo» y un incumplimiento del programa electoral del Partido Popular.
La ‘tasa Google’ “no tiene sentido”
En la primera enmienda, la plataforma pide la supresión del artículo 32.2 del Proyecto de Ley, eliminando definitivamente el canon o pago de una compensación «irrenunciable» por parte de los agregadores digitales –como Menéame o Google– a los medios de prensa, conocida como ‘tasa Google’ o ‘canon AEDE’, ya que los beneficiados serían principalmente los diarios de los grandes grupos empresariales de prensa asociados a la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).
Para la plataforma, incluir una compensación sobre el derecho de cita carece de sentido ya que una de las motivaciones del texto legal para implantar el canon es la generación de un perjuicio para el medio citado, pero este daño no existe.
Además, todos los agregadores de noticias permiten que los medios de prensa decidan si quieren o no ser indexados, por lo que podrían elegir no ser citados en vez de elegir que se les pague por ello.
También, al ser irrenunciable, “se limita el derecho moral” del creador sobre su propia obra, que pierde su derecho individual de disponer de su trabajo, y si el creador es una persona jurídica, también “se limita la libertad de empresa” al impedirle decidir que no quiere cobrar por ser citado o cuánto desea cobrar. Así, “se antepone un derecho económico al derecho individual del creador, algo que no ocurre en ningún ordenamiento jurídico”.
Los internautas recuerdan que “hay un buen número de editores que no comparten esta iniciativa” y que no quieren recibir compensación por ser citados, que esta gestión “se realiza a favor de entidades de ámbito privado”, que la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) se ha pronunciado en contra porque limita el emprendimiento y la competencia y, además, la ley “convierte a España en el primer país del mundo en limitar las licencias Creative Commons”.
El Canon por copia privada es contrario a la tendencia internacional
En la segunda enmienda, referida al artículo 25, los internautas piden que el canon por el derecho de copia privada se aplique directamente sobre la obra que se genera o bien que se elimine. Los internautas recuerdan que la actual reforma limita la copia privada al ámbito personal y que «la tendencia internacional» es la eliminación de los cánones, citando el caso de Inglaterra, que recientemente “ha legalizado la copia privada sin incluir ninguna compensación por este hecho”.
La plataforma ve más sentido en que el canon se aplique directamente sobre la obra original, ya que de esta forma “es cada autor quien la fija, quien la cobra y quien la percibe en su totalidad sin la necesidad de entidades intermedias”.
La implantación de estos cánones es para la plataforma “un anacronismo”, ya que “implica legislar obligaciones de pago a todos a favor de entidades privadas de gestión de derechos que representan tan solo a sus asociados. Como ejemplo, citan el caso del anterior Canon Digital, que beneficiaba tan solo al 3% de los autores, los asociados a las grandes entidades de gestión de derechos de autor.
También echan en cara al Partido Popular y a Mariano Rajoy el incumplimiento de su programa electoral, en el que se comprometió a suprimir el Canon Digital, mientras que está haciendo lo contrario al imponer un canon aún menos equitativo y más amplio, “generando ruido e inseguridad jurídica” en un momento en el que la UE trata de armonizar un mercado único digital para todos los países miembros.
