La cuestión habitacional ha vuelto hoy al centro del debate social tras la entrada en vigor y los primeros efectos del Real Decreto-ley 2/2026. Esta normativa, que prorroga el llamado «escudo social» hasta finales de año, ha generado una profunda división entre los movimientos por la vivienda y las instituciones. Mientras el Gobierno defiende que ha blindado a las personas más vulnerables, los colectivos de vivienda denuncian que el decreto esconde trampas que facilitan el desalojo de cientos de familias.
El punto más conflictivo de la nueva legislación es la distinción entre tipos de propietarios. Según la nueva norma, los desahucios de inquilinas en situación de vulnerabilidad podrán seguir adelante si el casero es un «pequeño propietario» con una o dos viviendas. Para los sindicatos de inquilinas, esta es una brecha inaceptable que desprotege a miles de personas por el mero hecho de que su arrendador no sea un gran fondo de inversión o un banco. Los colectivos sociales han organizado hoy concentraciones frente a las sedes de vivienda en varias capitales, exigiendo una moratoria universal que no dependa de quién ostente la propiedad, sino de la necesidad habitacional de quien reside en el inmueble.
La presión en las calles se ve alimentada por el fin de muchas de las medidas de gracia que se arrastraban desde la pandemia y las crisis posteriores. La realidad en los barrios es de una vigilancia constante; las redes de apoyo mutuo se han reactivado para realizar «paradas de desahucio» allí donde la ley ya no llega. Además, se denuncia el auge de los alquileres de temporada, una fórmula que muchos propietarios utilizan para esquivar la Ley de Vivienda y que está expulsando a las residentes habituales de los centros de las ciudades hacia periferias cada vez más encarecidas.
Los movimientos sociales reclaman una reforma profunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que ponga coto a estas «estafas legales» y que garantice la prórroga obligatoria de los contratos. Para las activistas de la vivienda, la vivienda no puede seguir siendo un activo especulativo, sino que debe tratarse como un servicio público esencial. La movilización de hoy es solo el preludio de una primavera que se prevé caliente en materia de vivienda, con la amenaza de huelgas de alquiler si la administración no interviene de manera efectiva en los precios de las zonas tensionadas.
El estancamiento de la igualdad: la brecha salarial se resiste a desaparecer
Hoy, con la vista puesta en el próximo 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial, los principales sindicatos y observatorios sociales han hecho públicos datos que invitan a una reflexión urgente. La brecha salarial en España se ha estancado en torno al 20%, una cifra que, a pesar de los avances legislativos de los últimos años, parece haber chocado con un muro estructural difícil de derribar.
El informe presentado hoy por las líderes sindicales de UGT y CCOO es demoledor: de media, las trabajadoras en España perciben unos 5.158 euros menos al año que sus compañeros. Esta diferencia no se explica únicamente por una discriminación directa —pagar menos por el mismo trabajo—, que es ilegal, sino por una suma de factores que componen lo que las expertas llaman la «arquitectura de la desigualdad». El factor principal sigue siendo la parcialidad involuntaria. El 22% de las empleadas tiene contratos de jornada reducida, frente a apenas un 7% de ellos, y en la inmensa mayoría de los casos, esta reducción viene impuesta por la necesidad de atender cuidados familiares.
Otro aspecto crítico analizado hoy es el sistema de complementos salariales. Las estadísticas muestran que los pluses por disponibilidad, nocturnidad o peligrosidad están diseñados bajo patrones que favorecen la trayectoria laboral masculina, mientras que las tareas de los sectores más feminizados, como la limpieza, los servicios sociales o la educación infantil, carecen de estos incentivos. En el sector de la sanidad y los servicios sociales, curiosamente, la brecha ha crecido levemente este último año, situándose cerca del 23%, lo que demuestra que estar en un sector mayoritariamente femenino no garantiza la igualdad retributiva si las estructuras de mando y los complementos siguen sesgados.
Las portavoces sociales han hecho un llamamiento a la inspección de trabajo para que se persiga el incumplimiento de los planes de igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores. No basta con tener un registro retributivo; es necesario que las empresas justifiquen cada euro de diferencia. La demanda es clara: para cerrar la brecha, no solo se necesitan mejores salarios mínimos, sino un sistema público de cuidados que libere tiempo para las trabajadoras y una transparencia total en las nóminas que impida que la desigualdad siga oculta tras los conceptos variables del salario.
