Emilia tenía 83 años y quería morir. Llevaba años postrada en la cama, aquejada de dolores debido a una luxación congénita de cadera, que le había causado un grave deterioro físico. No había forma de que mejorara.
A pesar de vivir en un tercer piso sin ascensor y de tener las extremidades inferiores inmovilizadas, Emilia pudo inicialmente salir a la calle con la ayuda de un andador. Más tarde, se arrastró hasta su casa, según el Diario de Aragón. A partir de 2019, su vida se limitaba a ir de la cama al sofá, y viceversa, en su casa de Zaragoza, al noreste de España. Su mente, sin embargo, seguía siendo clara.
España aprobó en marzo la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Pocos días después de su entrada en vigor, en junio, Emilia reclamó sin éxito su derecho a la eutanasia. Volvió a hacerlo en otras tres ocasiones y siempre fue ignorada. El sábado, abrumada por la situación, se tiró por el balcón de su casa.
La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), a la que pertenecía Emilia, denuncia que tanto el médico de cabecera de la anciana como otros responsables del centro de salud «hicieron caso omiso de los procedimientos requeridos» y ni siquiera tramitaron su solicitud. «Básicamente cumplía las condiciones establecidas en la LORE para quienes desean morir con dignidad y poner fin a su sufrimiento», dijo en una declaración recogida por la prensa local.
«Vemos que será necesario seguir luchando para que se ponga en marcha lo que se ha aprobado en el Parlamento español por abrumadora mayoría», se quejó.
La asociación reclama que las comunidades autónomas, responsables de la sanidad, establezcan procedimientos y creen organismos que velen por el cumplimiento de la ley. «Nos preocupa que algunos intenten boicotearla», advierten.
Mejora de los procedimientos
Refiriéndose a Emilia, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, declaró el martes a la prensa que se había retrasado el inicio de los procedimientos porque el médico de cabecera de la anciana se había declarado objetor y no había sido sustituido.
Repollés aseguró que «se han establecido una serie de mecanismos para controlar esta situación» y que, en el caso concreto de Emilia, «se han establecido responsabilidades» para quienes no hayan «realizado los trámites en tiempo y forma».
«Ya hemos establecido una serie de mecanismos para controlar este tipo de situaciones. Vamos a mejorar los procedimientos para que no vuelva a ocurrir», añadió.
La nueva legislación establece que el derecho a la eutanasia puede ser ejercido por cualquier persona mayor de edad residente en España que padezca una enfermedad «grave e incurable» o «crónica e incapacitante» que le cause un sufrimiento «constante e intolerable». Además, se les debe facilitar toda la información sobre las alternativas, como los cuidados paliativos.
