Otras de las enmiendas van dirigidas a conseguir un mayor control de los pagos a las empresas subcontratadas con medidas para atajar la morosidad y acelerar los pagos, la exclusión de los contratos públicos a empresas condenadas por corrupción entre particulares o por vulneración de los derechos humanos.
La Administración, además, deberá exigir una declaración a la empresa adjudicataria sobre si tributa, incluso a través de filiales, en países tipificados como paraísos fiscales, así como asegurarse que la adjudicataria no pueda tributar los ingresos que deriven de la actividad contratada en estos países.
El precio, solo el 30% al evaluar la oferta
