En el plano económico nacional, el 5 de febrero de 2026 queda marcado por la noticia de cooperativas de barrio en L’Hospitalet que han comenzado a comprar pisos a fondos buitre para evitar desahucios. Este movimiento ciudadano es una respuesta directa a la ineficacia de las políticas públicas para frenar la especulación inmobiliaria. La vivienda se ha convertido en el principal foco de ansiedad económica en España, afectando especialmente a los jóvenes que ven cómo su capacidad de ahorro decrece sistemáticamente.
Desde el punto de vista objetivo, estas iniciativas vecinales buscan apoyar el derecho constitucional a una vivienda digna, fortaleciendo la organización social frente al poder financiero. Las economistas críticas denuncian que la falta de vivienda pública es un fallo estructural que no se soluciona solo con bonos, sino con una intervención real que busque el crecimiento del parque de viviendas sociales. Los sentimientos de frustración de las familias bajo amenaza de desahucio contrastan con la determinación de estos colectivos, donde las mujeres son a menudo las que lideran las mesas de negociación y resistencia.
