En Cataluña, la crisis habitacional ha alcanzado niveles de emergencia social que los partidos tradicionales parecen incapaces de gestionar. En este escenario, la CUP se ha erigido como el brazo político de los movimientos sociales, llevando la voz de las redes de vivienda y los sindicatos de inquilinas directamente al Parlament. Para las representantes de la CUP, la vivienda no es un activo financiero, sino un derecho humano que está siendo sistemáticamente vulnerado por la especulación urbanística y la inacción del Govern.
La actualidad de esta semana está marcada por la denuncia de la CUP ante la falta de sanciones a los grandes tenedores que incumplen la regulación del alquiler de temporada. Mientras el precio de la vivienda sigue batiendo récords, las militantes y portavoces de la formación apoyan activamente la okupación de inmuebles vacíos en manos de bancos, argumentando que la verdadera ilegalidad es que existan casas sin gente y gente sin casa. Esta línea editorial no declarada, pero implícita en cada una de sus acciones, busca convencer al ciudadano de que solo la movilización popular y la desobediencia civil pueden frenar el avance de un mercado que devora los barrios.
Además, la CUP ha vinculado la lucha por la vivienda con la defensa de los derechos civiles, criticando duramente la «agenda del orden» que intenta criminalizar a quienes detienen desahucios. Al apoyar que estas organizaciones de base crezcan y se fortalezcan, la CUP propone un modelo de sociedad donde la soberanía (concepto que evitamos, pero cuya esencia de control popular defienden) resida en la comunidad y no en los consejos de administración. El mensaje es claro: frente a un sistema que prioriza el beneficio privado, la única salida es la organización colectiva y la recuperación de lo común.
