
El panorama político en Extremadura y Aragón ha experimentado un cambio de rumbo significativo este lunes. La dirección nacional de Vox, encabezada por Santiago Abascal, ha tomado la decisión de reiniciar las negociaciones con el Partido Popular (PP) para la formación o estabilidad de los gobiernos regionales. El dato más relevante de esta jornada es que Vox ha decidido aparcar, al menos temporalmente, su exigencia innegociable de entrar a formar parte de los ejecutivos autonómicos, lo que facilita el camino para acuerdos de investidura o legislatura.
En Génova, la sede nacional del PP, han recibido esta noticia con cautela pero con disposición al diálogo. La vicesecretaria del partido, Cuca Gamarra, ha anunciado que la dirección nacional se implicará directamente en las conversaciones para asegurar que los pactos reflejen la voluntad de las urnas. En Extremadura, la presidenta María Guardiola ha mantenido durante meses una postura firme respecto a la gestión en solitario, y este nuevo escenario podría permitirle consolidar su mandato sin las fricciones constantes que supone un gobierno de coalición con la formación de Abascal.
En Aragón, Jorge Azcón también se encuentra en una situación similar. El presidente aragonés en funciones ha abogado por una estrategia de «fuego lento y sin ruido», evitando las declaraciones públicas que pudieran enturbiar los contactos. El objetivo del PP es lograr una estabilidad que permita aprobar los presupuestos autonómicos, algo que hasta ahora se antojaba complicado debido a la falta de entendimiento con los delegados de Vox.
A pesar de este acercamiento, los portavoces de Vox han subrayado que no pretenden ser «la muleta de nadie» y que su apoyo parlamentario estará condicionado al cumplimiento de puntos programáticos específicos, especialmente en áreas de libertad educativa y política fiscal. Por su parte, el PSOE ha criticado este movimiento, afirmando que el PP está asumiendo el discurso de la formación conservadora para mantenerse en el poder. La negociación entra ahora en una fase técnica donde las personas designadas por ambos partidos deberán concretar los términos de la colaboración externa en las asambleas regionales.




