Asociación ilícita y pertenencia a grupo criminal son dos de los hasta diez delitos que la titular del Juzgado de Instrucción número de 8 de València, encargada de las investigaciones de la ‘operación Erial’, atribuye al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, del que considera, además, que recibió comisiones que ascienden en total a unos 6,4 millones de euros procedentes de empresas de la familia Cotino.
El pago de las comisiones «se efectuó en el extranjero para retornar el dinero a España, encubriéndose el verdadero origen del mismo, que ha sido utilizado para la adquisición de bienes», añade la jueza en su auto, que vincula a Zaplana con un desvío de fondos realizado hace 12 años a través de una sociedad, e implica a tres más en el retorno del dinero supuestamente desviado.
Durante su comparecencia este jueves ante la jueza, Eduardo Zaplana se acogió a su derecho a no declarar y únicamente habló su abogado. El fiscal anticorrupción pidió prisión provisional, comunicada y sin fianza al entender que existía riesgo de fuga y ocultación de documentos, así como patrimonio oculto en el extranjero.
La defensa del ex alto cargo del PP, que había pedido previamente la libertad por la leucemia que sufre, se opuso y afirmó que no había ningún tipo de riesgo, aunque la jueza optó finalmente por imponer la medida solicitada por Fiscalía.
También han ingresado en prisión el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló y el asesor de Zaplana Francisco Grau, que fue el único de los siete detenidos puestos a disposición judicial que prestó declaración en la causa, que permanece secreta.
