Varias de las medidas de austeridad incluidas en los presupuestos generales de 2013 de Portugal han sido declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional luso, anulándose así algunos de los recortes impuestos como consecuencia del rescate financiero del país. Sin embargo, los jueces portugueses sí han ratificado la legalidad de otra media docena de medidas encaminadas a la reducción del déficit dentro de los presupuestos con los recortes más duros de la historia de Portugal.
Las medidas que el Tribunal Constitucional portugués ha declarado inconstitucionales son cuatro, por encontrarlas discriminatorias, y son referidas a la eliminación de una de las pagas extras de los funcionarios y los pensionistas y a los recortes en los subsidios por enfermedad y desempleo, medidas muy similares a las ya adoptadas también en España por el mismo motivo y del mismo modo, es decir, con el único respaldo de la mayoría absoluta del partido conservador en el Gobierno.