Varias de las medidas de austeridad incluidas en los presupuestos generales de 2013 de Portugal han sido declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional luso, anulándose así algunos de los recortes impuestos como consecuencia del rescate financiero del país. Sin embargo, los jueces portugueses sí han ratificado la legalidad de otra media docena de medidas encaminadas a la reducción del déficit dentro de los presupuestos con los recortes más duros de la historia de Portugal.
Las medidas que el Tribunal Constitucional portugués ha declarado inconstitucionales son cuatro, por encontrarlas discriminatorias, y son referidas a la eliminación de una de las pagas extras de los funcionarios y los pensionistas y a los recortes en los subsidios por enfermedad y desempleo, medidas muy similares a las ya adoptadas también en España por el mismo motivo y del mismo modo, es decir, con el único respaldo de la mayoría absoluta del partido conservador en el Gobierno.
Las denuncias contra los presupuestos generales lusos habían sido múltiples y fueron presentadas por los partidos de la oposición, principalmente el Socialista, el Comunista y el Bloque Izquierda, pero también por el Defensor del Pueblo e incluso, en el caso de tres de las medidas, por el propio Presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, del mismo partido gobernante, que ya había presentado objeciones ante las mismas, lo que no impidió su entrada en vigor.
La decisión judicial ha supuesto un duro golpe para el primer ministro, Pedro Passos Coelho, ya que implica que las arcas públicas dejarán de ingresar los más de 1.000 millones de euros previstos con el ahorro de los recortes, además de tener que devolver a los portugueses afectados la cantidad que ya les había sido sustraída, puesto que el Tribunal Constitucional estima que su resolución tiene carácter retroactivo y se ha de aplicar desde el 1 de enero pasado, ya que, en palabras del presidente del Tribunal, “es la ley la que tiene que adaptarse a la Constitución y no al contrario”.
Esta situación ha forzado a Passos Coelho a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para tratar de encontrar otro modo de cumplir los objetivos fijados por la Troika para el rescate de Portugal, que ya cerró 2012 con un déficit público muy superior al 5% que el FMI y la UE pedían.
Portugal se enfrenta ahora a un momento político complicado en el que se cuestiona la estabilidad del Gobierno con la posibilidad de unas nuevas elecciones anticipadas, después de la dimisión del ministro adjunto Miguel Relvas -tras la acusación de haber obtenido su título universitario de forma fraudulenta-, y de la moción, superada, de censura contra el gobierno planteada por toda la oposición recientemente en la Asamblea de la República. A pesar de ello, el presidente Cavaco Silva considera que la sentencia no afectará al Ejecutivo, al que defiende y ve “legitimado para seguir gobernando”.
