
La derogación de la polémica ‘Ley Mordaza’, que fue aprobada por el Congreso hace ya casi un año y que ha estado bloqueada desde entonces por la pinza de PP y Ciudadanos, ve ya libre el camino tras el distanciamiento entre los dos partidos, que ha conducido a que la formación naranja deje de cerrar el paso a su tramitación parlamentaria desde la Mesa del Congreso.
Ante este nuevo panorama, el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado en el Congreso 120 enmiendas a los textos presentados por PSOE y PNV, el primero de derogación y el segundo de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que el PP sacó adelante con su mayoría absoluta en la última legislatura.
Entre estas 120 enmiendas presentadas por Unidos Podemos destacan las enfocadas a acabar con la criminalización de la protesta ciudadana que ha marcado la línea dura del Partido Popular desde su llegada al Gobierno, centrándose en “blindar el derecho de manifestación” y en “acabar con la mayor parte de los motivos que contempla la ley para imponer sanciones -graves, muy graves y leves- y rebajar sus cuantías por ejercer determinados derechos básicos”, según declaraba el grupo parlamentario en rueda de prensa este jueves a través de los portavoces parlamentarios Ricardo Sixto, Rafa Mayoral, Ione Belarra y Yolanda Díaz.
“La ley no puede servir de coartada para que se acabe poniendo multas cuando se ejercen estos derechos”, explicaba el portavoz de Izquierda Unida, Ricardo Sixto.
El número de placa
En este sentido, aparecen enmiendas dirigidas a “garantizar por ley que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén identificados cuando operen en la calle”, es decir, que los agentes deban lucir bien visible y siempre su número de placa y que se acabe la impunidad para los agentes que lo omiten o lo ocultan haciendo imposible su identificación al actuar contra la ciudadanía.
Balas de goma
La prohibición del uso de las pelotas o balas de goma en manifestaciones y concentraciones también aparece en el listado de enmiendas presentado por Unidos Podemos, una reclamación candente de los colectivos sociales por el grave daño que causan a los manifestantes.
Probablemente el caso más famoso sea el de Ester Quintana, que perdió el ojo por el impacto de uno de estos peligrosos proyectiles mientras volvía a casa tras participar en la manifestación de la huelga general de noviembre de 2012.
Desde la Transición, las balas de goma han dejado 9 muertos, el último fue Iñigo Cabacas en Bilbao, y desde 1990, 30 personas han perdido un ojo por estos artefactos que se lanzan a una velocidad de 720 km/h, según denuncia la asociación Stop Bales de Goma.
Además, las enmiendas también contemplan que se incluya en la normativa la obligación de la Policía de avisar en las manifestaciones y protestas, por megafonía u otros medios, de que va a haber una carga policial.
Fin de las manifestaciones “ilegales”
Las enmiendas del grupo confederal persiguen también “blindar el derecho de manifestación”. Para ello el grupo parlamentario pretende también modificar la Ley de Reunión para que no sea motivo de disolución haber comunicado con menos de 24 horas de antelación la convocatoria de una manifestación.
Así, se indica textualmente que ‘no requerirá comunicación previa alguna la celebración de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas cuando el ejercicio de este derecho fundamental precise de una rápida expresión ante acontecimientos de indudable repercusión social’.
Esta propuesta se completa, además, con la siguiente redacción: ‘no constituirá ilícito administrativo la celebración en lugares de tránsito público de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas’.
Multas por manifestarse
La ‘Ley Mordaza’, aún en vigor, «no puede servir de coartada» a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para «multar a los ciudadanos por reunirse o manifestarse», ha expresado Ricardo Sixto.
Sobre las sanciones, Unidos Podemos busca, además de reducir su importe, que se impongan según la renta de las personas multadas, de manera que pague menos quien menos tenga y no pueda hacer frente a la sanción.
Identificaciones
También aboga en sus enmiendas por reducir de seis a dos horas el tiempo de estancia en comisaría para identificar a una persona cuando no se ha podido hacer con ningún documento en el momento.
Al mismo tiempo, propone que los DNI y pasaportes sean accesibles para colectivos como los ciegos y que ya sean plurilingües.
Grabar a los agentes y atentado a la autoridad
Una de las novedades más polémicas que trajo la “mordaza” del PP –formada por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal– fue la de recoger como infracción grave, penada con multas de entre 600 y 30.000 euros, la utilización no autorizada de imágenes o datos de los agentes bajo pretexto de que puedan poner en peligro su seguridad.
En este caso, Mayoral y Sixto han aprovechado la rueda de prensa para insistir en la necesidad de «aquilatar» algunos de los artículos del Código Penal ahora muy difusos referidos a los mensajes en las redes sociales, con el fin de que sean punibles solo cuando tengan una consecuencia, y no se utilice la ley para impedir grabar las actuaciones policiales y limitar el derecho a la información.
En cuanto al delito de atentado a la autoridad, Unidos Podemos plantea que este deje de ser punible cuando se produzca en el entorno de las manifestaciones y protestas ciudadanas.
El grupo apuesta, en definitiva, por un debate público para que se deje de hablar de seguridad ciudadana y sí de libertades públicas y no se produzca esa «involución democrática» que ha supuesto la persecución a tuiteros y artistas.