Debido a la aplicación de la nueva reforma del PP de la Justicia Universal han quedado en libertad ocho narcotraficantes egipcios detenidos en aguas de Almería cuando transportaban, en 450 fardos, un total de 9,8 toneladas de hachís.
El juez Andreu no ha tenido más remedio que aplicar la nueva jurisprudencia impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, porque, según ha declarado, el Estado español no tiene jurisprudencia, ya que los traficantes no son de nacionalidad española ni tenían intención de distribuir la droga por España, puesto que se dirigían hacia Libia.
El magistrado ha declarado la falta de jurisdicción de los tribunales españoles y el sobreseimiento de la causa abierta en su contra. En aplicación de la nueva normativa, los tribunales españoles ya no pueden instruir ni perseguir estos hechos, que encajarían en un delito de tráfico de sustancias estupefacientes cometido por ciudadanos extranjeros.
Los marineros arrestados no son de nacionalidad española, el barco en el que transportaban la droga no tiene pabellón en nuestro país y tampoco tenían intención de cometer el delito en España, dado que fueron detenidos cuando se dirigían a Libia el pasado 6 de marzo, a unas 60 millas al sureste del cabo de Gata, situado en la provincia de Almería.
La operación se llevo a cabo cuando Vigilancia Aduanera de España y Francia detectaron un barco pesquero sospechoso que no tenía bandera.
Reforma de la Justicia Universal
El pasado mes de febrero el Partido Popular logró sacar en solitario, con el rechazo de la oposición en bloque, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial conocida como la reforma de la Justicia Universal, que ha supuesto que decenas de causas abiertas en la Audiencia Nacional sean archivadas.
La nueva ley restringe las condiciones en las que un juez español puede investigar y juzgar delitos que se hayan cometido fuera de territorio español y permite el sobreseimiento con carácter retroactivo de causas anteriormente abiertas en los tribunales nacionales.
Los crímenes de guerra, el genocidio o los delitos de lesa humanidad ya solo podrán ser instruidos por jueces españoles si la causa se dirige contra ciudadanos españoles o extranjeros que residan legalmente en España.
Numerosas han sido las voces de magistrados y asociaciones, como la Asociación Pro Derechos Humanos de España, denunciando la “inconstitucionalidad” de la reforma, que dejará sin juzgar, entre otros, el caso del cámara fallecido en Irak, José Couso, o las desapariciones de varios ciudadanos españoles en el Sáhara.
