La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, se ha enfrentado este lunes al juicio civil por la demanda presentada por la antigua portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Ada Colau, quien asegura haber recibido amenazas de muerte como consecuencia de las acusaciones vertidas contra ella por Cifuentes en una entrevista radiofónica en RNE.
La acusación de Cifuentes a Colau de apoyar a “grupos filoetarras o proetarras” se enmarca en la campaña mediática contra los ‘escraches’ llevada a cabo por el Partido Popular el año pasado, cuando la Plataforma de Afectados por las Hipotecas trasladó a la calle sus acciones pacíficas de presión sobre los diputados contrarios a la ILP por la dación en pago, que había recibido ya un fuerte apoyo social.
Colau pide una indemnización de 75.000 euros por afrenta a su honor
La Fiscalía ha considerado este lunes en juicio que la acusación de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a la entonces exportavoz de la PAH Ada Colau de apoyar a grupos del entorno de ETA se enmarca en su libertad de expresión, aunque reconoce que es una afrenta a su honor.
Así lo ha sostenido en la vista oral del juicio civil celebrado en la Ciudad de la Justicia, en la que no ha declarado la delegada del Gobierno, tras la demanda presentada por Colau por unas declaraciones de Cifuentes el 25 de marzo del 2013 que considera que vulneraron su derecho al honor, pero que el abogado del Estado y la Fiscalía lo enmarcan en la libertad de expresión.
La vista se ha celebrado sin la declaración de Cristina Cifuentes, a pesar de haber sido solicitada por el letrado de Ada Colau, ya que el juez rechazó la solicitud de la demandante.
Colau pide en la demanda que Cifuentes se retracte y una indemnización de 75.000 euros que, si la juez le da la razón y se la concede, destinará a pagar las multas que la delegada ha impuesto por varios escraches, ha declarado a los medios al término del juicio.
Amenazas de muerte desencadenadas por las declaraciones de Cifuentes
El abogado de Colau, Jaume Asens, ha explicado en sus conclusiones durante la vista que la acusación de Cifuentes «alimentó» los ataques contra la PAH y contra su exportavoz especialmente en las redes sociales, y que incluso desencadenó amenazas de muerte contra ella y su familia.
El abogado ha sostenido que la vinculación «con una cuestión tan sensible con el terrorismo» es muy concreta, no solo un insulto, y que lo hizo además en unas declaraciones relacionadas con su cargo y no en una tertulia.
En una atención a los medios, Colau ha insistido en que la acusación de Cifuentes fue un punto de inflexión a partir de la que sufrieron amenazas de muerte e «insultos día y noche por las redes sociales», como han explicado en la vista su pareja y la jefa de prensa de la PAH, como testigos.
Colau pide la dimisión de la delegada del Gobierno
Colau también ha considerado el caso debería acabar con la dimisión de Cifuentes como pasaría «en cualquier país democrático», y que fue una acusación premeditada de carácter político porque la PAH tenía entonces más apoyo que nunca, incluso de votantes del PP.
«Cuando el PP estaba más solo que nunca, se inventa la vinculación con el terrorismo. No les salió bien pero consiguieron que se dejase de hablar de desahucios», ha insistido la exportavoz. (Postdigital/Agencias)
