El número de procesados por delitos de corrupción en España en el tercer trimestre del año pasado asciende a 99, casi un centenar de personas para las que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento en tan solo tres meses, según muestra el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los procedimientos judiciales afectan a funcionarios, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y abarca tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Los delitos de corrupción que este repositorio considera para su registro son los relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo, la prevaricación de funcionarios públicos, la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de sus funciones, y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Según estos datos, del 1 de julio al 30 de septiembre pasados, los jueces dictaron 21 sentencias en casos de corrupción, de los que 17 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 80,9 % del total.
Además, en este periodo hubo 69 condenados por sentencia firme por delitos de corrupción, siendo los de mayor frecuencia los de prevaricación administrativa, malversación y prevaricación urbanística, es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico.
En el mismo período, los jueces finalizaron hasta 20 procedimientos judiciales.
El CGPJ señala que a 1 de enero de este año había en España 74 penados, 40 de ellos con el de malversación como delito principal, otros 21 con el de cohecho y 13 preventivos.
Esta información es de acceso público y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción pública, que es la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía, afirma el órgano de Gobierno de los jueces.
