Como el “motor de toda la secuencia” de los delitos cometidos mediante el Instituto Nóos, así ha considerado la fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Garrido este miércoles a Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres este miércoles para defender el incremento de las penas impuestas a ambos originalmente por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
Así, la fiscal pide que la condena a Urdangarin se eleve hasta los 10 años de prisión. Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión, siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (dos años y ocho meses de prisión), uno de fraude a la Administración pública (siete meses), uno de tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año cada uno) y a responsabilidad civil.
La pena impuesta fue sin embargo bastante inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él inicialmente la Fiscalía, puesto que el tribunal de Palma le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid y tuvo en cuenta atenuantes de reparación del daño.
Ahora, en una intervención de carácter muy técnico, la representante de la Fiscalía ha defendido la aplicación de tipos agravados a las penas inicialmente impuestas para ambos y para el expresidente Balear Jaume Matas por los delitos de malversación de caudales públicos , al tratarse de un «delito bilateral» en el que es necesario el concurso de todas las partes.
«En la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomia de la voluntad», ha señalado la fiscal Garrido para justificar la comisión también de los delitos de prevaricación.
Recálculo del daño económico
Tanto la Fiscalía como la representante de la Abogacía del Estado han solicitado al Supremo un nuevo cálculo del daño patrimonial producido por los condenados, y que para ello se aplique la jurisprudencia de la Sala fijada de acuerdo con la sentencia dictada en 1992 en el caso de la ‘colza’.
En el recurso presentado ante el Supremo Urdangarin también rechaza la cuantificación de las cantidades presuntamente sustraídas que hace la Fiscalía pero, al contrario que hace la Fiscalía y la Abogacía del Estado, su defensa rechaza que tanto él como su exsocio Diego Torres incumplieran las exigencias legales que se incluían en los contratos que firmaron con el Instituto Balear de Turismo para la celebración de Illes Balears Forum en 2005 y 2006, por los que cobraron unos 2 millones de euros.
Respecto de los hechos cometidos por Urdangarín y su socio en la Comunidad Valenciana, que no fueron tomados en consideración por la Audiencia de Palma, la Fiscalía pide que también se consideren para las condenas, ya que son «cronológicamente paralelos» y con idéntico desarrollo a los foros deportivos organizados en Baleares por Nóos, una organización que supuestamente nació para impulsar el deporte en las islas y no tenía ánimo de lucro.
Muy al contrario, en todas sus operaciones existió una «omisión absoluta de un procedimiento administrativo» que hubiera situado su actuación en igualdad de condiciones al de otras organizaciones en el mercado según la fiscal, que ha añadido que la conclusión es que se hicieron «tres contratos falsos» cuyos gastos no se justificaron «en nada». (Postdigital/Agencias)
