El año 2026 se perfila como un periodo de máxima conflictividad social en España, impulsado por una oleada de huelgas y una crisis de habitabilidad que afecta especialmente a las zonas urbanas y turísticas. La defensa del Estado del bienestar ha movilizado masivamente a los trabajadores públicos, cuyas protestas se han disparado ante el deterioro de los servicios básicos
. Un ejemplo crítico es la convocatoria de huelga de los inspectores de la Agencia Tributaria, que coincide estratégicamente con el final de la campaña de la renta, exigiendo mejoras estructurales en su carrera profesional
La situación es especialmente alarmante en el ámbito sanitario y social. En Galicia, pacientes de centros privados como Povisa exigen masivamente su traslado a la sanidad pública, mientras que en Valencia las urgencias rozan el colapso, con esperas de hasta cinco horas para ser atendidos
A este malestar laboral se suma el drama humano de casos como el de Antonio, un trabajador con dos tumores y un trasplante de médula que lucha legalmente para no ser obligado a reincorporarse a un puesto que pondría en riesgo su vida
Por otro lado, el acceso a la vivienda se ha convertido en un derecho de lujo. Mientras Barcelona impulsa su «Pla Viure» para aumentar el parque público residencial
en Madrid la presidenta Ayuso ha generado una fuerte polémica al exigir diez años de empadronamiento para optar a vivienda pública, una medida calificada de «prioridad nacional» por colectivos sociales
La presión turística agrava el problema en lugares como Estepona o Ibiza, donde locales públicos vendidos a precios irrisorios terminan convertidos en apartamentos turísticos, mientras los residentes denuncian la saturación de sus barrios
