La formación liderada por Santiago Abascal ha desatado una profunda indignación tras registrar una propuesta que busca cercenar de forma drástica los derechos políticos de la diáspora española. El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, anunció la exigencia de su partido para suprimir de manera inmediata el voto por correo a todos los ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), un colectivo que ya supera los 2,7 millones de personas.
Para justificar este ataque frontal a los derechos democráticos de los expatriados, la formación ultraconservadora ha recurrido a una retórica incendiaria, tachando el actual sistema de nacionalizaciones y de votación exterior como un «golpe de Estado a cámara lenta». Con esta iniciativa, Vox pretende obligar a todos los residentes en el extranjero a votar exclusivamente de forma presencial en consulados o embajadas, sin importar que los ciudadanos se encuentren a miles de kilómetros de distancia de la sede diplomática más cercana.
Impedimentos físicos para la diáspora
El propio José María Figaredo admitió sin tapujos durante su comparecencia que la medida planteada provocará graves «dificultades» para que los españoles en el exterior puedan ejercer su derecho constitucional al sufragio. Pese a reconocer de manera explícita el perjuicio y las barreras físicas que esto generaría a millones de trabajadores y estudiantes fuera de las fronteras nacionales, el diputado insistió en la necesidad de desmantelar el sistema postal argumentando una supuesta «enorme opacidad» en el acceso al censo.
La arremetida del partido no se limita al procedimiento de votación. Vox ha exigido de igual modo la paralización cautelar, la revisión de oficio y la nulidad absoluta de la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022, la cual regula la concesión de la nacionalidad a los descendientes a través de la conocida «Ley de Nietos». Según los datos esgrimidos por la propia organización, el censo de residentes ausentes experimentó un crecimiento del 17,9% en los últimos tres años, un aumento del volumen de electores que la formación criminaliza abiertamente al calificar la normativa vigente como un mecanismo «pensado para el fraude».
Cálculos partidistas en el mapa electoral
Lejos de fundar sus exigencias en irregularidades acreditadas, el portavoz parlamentario de la formación desveló el trasfondo estrictamente aritmético de su estrategia al criticar que los nuevos electores puedan elegir su provincia de adscripción. Figaredo llegó a señalar que al partido en el Gobierno le basta con que un puñado de papeletas se dirija a provincias clave donde los escaños están en disputa para asegurar 10 o 15 diputados, evidenciando que la principal motivación de Vox para proponer la restricción del derecho al sufragio de los emigrantes responde a un cálculo de conveniencia puramente partidista.
