La Associació de Víctimes de la DANA 29 de octubre de 2024 ha dado un paso histórico en los tribunales para evitar que la catástrofe quede impune. La organización ciudadana ha presentado una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional con un objetivo claro: anular el aforamiento de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana y actual diputado autonómico por el Partido Popular (PP).
La indignación ciudadana frente al estatus de Mazón
Los afectados por la tragedia han calificado de fraudulento el uso de esta figura legal. Mariló Gradolí, portavoz de la asociación, ha sido contundente al exigir al tribunal que cumpla con los derechos fundamentales para no tener que llegar a instancias europeas en Estrasburgo y pasar la vergüenza como país.
Por su parte, la abogada Míriam Salmerón ha desgranado la situación alegal que rodea a Carlos Mazón, un político del Partido Popular que, según la letrada, conserva su acta en Les Corts de manera espuria. Esto genera graves consecuencias para la causa que se instruye en los juzgados de Catarroja. Mientras el equipo legal avanza con su iniciativa civil, nos encontramos con un Carlos Mazón visiblemente angustiado, atormentado y temeroso por perder los privilegios de su cargo y tener que enfrentarse a los juzgados ordinarios.
La paradoja de Catarroja: ¿por qué la justicia está atada de manos?
El núcleo de esta reclamación judicial radica en la ausencia de un nexo funcional entre los delitos que se le achacan a Mazón durante su gestión de la DANA y su actual puesto como diputado autonómico del Partido Popular. Como explica Salmerón, no se puede utilizar el aforamiento para fines que no tienen nada que ver con la naturaleza de su cargo actual.
Esto ha creado una situación inaudita: Carlos Mazón ejerce sus derechos como investigado en Catarroja, pero legalmente no puede ser juzgado allí debido a su estatus de aforado. Esta paradoja legal, descrita como rocambolesca por la abogada, es lo que el Tribunal Constitucional deberá resolver para garantizar que las instituciones operen con normalidad.
Los nombres y los datos que marcan el caso
El señalado: Carlos Mazón, político y representante del Partido Popular (PP).
La organización demandante: Associació de Víctimes de la DANA 29 de octubre de 2024.
Las responsables de la acción legal: Mariló Gradolí (portavoz) y Míriam Salmerón (abogada).
El tribunal clave: Tribunal Constitucional, que tiene en sus manos evitar que el caso salte al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Con este proceso en marcha, el foco recae por completo sobre el sistema judicial y sobre el expresidente autonómico del Partido Popular, quien debe dar explicaciones tras la nefasta gestión de la catástrofe meteorológica que paralizó la región en octubre de 2024.
