La Audiencia Nacional ha asestado un golpe definitivo a la impunidad de la vieja guardia del Partido Popular de Madrid. Francisco Granados, quien fuera la todopoderosa mano derecha de Esperanza Aguirre y secretario general de la formación regional, ha sido condenado a dos años y medio de prisión por su participación directa en una red sistemática de amaños de contratos públicos en beneficio de la empresa de festejos Waiter Music, dentro de la macrocausa de corrupción del caso Púnica.
La resolución judicial describe una estructura corrupta arraigada en las instituciones madrileñas gobernadas por los populares. Según el tribunal, Granados no actuaba de forma aislada, sino que aprovechaba su «posición de poder político e influencia determinante» como un «elemento impulsor y facilitador del sistema». Esta dinámica delictiva permitía que decenas de expedientes administrativos en municipios madrileños controlados por el Partido Popular estuvieran predeterminados de antemano para favorecer de forma fraudulenta al empresario José Luis Huerta.
El fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Penal detalla que el esquema delictivo funcionaba como un intercambio de favores continuado entre los cargos públicos del PP y la trama empresarial. Mientras Waiter Music acaparaba la organización de fiestas patronales, cabalgatas de Reyes y carnavales con dinero público, Granados obtenía a cambio un lucro personal mediante la «recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas», que incluían la organización de eventos privados costeados íntegramente por la red corrupta.
El alcance de este entramado de fraude continuado y prevaricación administrativa salpica a múltiples feudos del partido en la comunidad. La sentencia también impone severas penas de cárcel a destacados exalcaldes del Partido Popular: cuatro años para José Carlos Boza y dos años para José Miguel Moreno (ambos exregidores de Valdemoro), así como otros dos años de prisión para los exalcaldes de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Asimismo, el exsenador popular David Erguido, exteniente de alcalde en Algete, ha recibido una pena de dos años de cárcel.
Esta nueva condena penal para Francisco Granados —quien ya arrastraba una sentencia previa por beneficiarse del chivatazo que le alertó sobre la investigación policial de la Púnica— vuelve a poner el foco en la financiación y gestión de la organización madrileña del Partido Popular. Los magistrados recuerdan en el texto que en los delitos de corrupción la prueba suele fundamentarse en indicios consolidados y corroboraciones cruzadas, evidenciando cómo la cúpula política utilizaba las administraciones locales para desviar fondos indirectos y perpetuarse en el poder.
El horizonte judicial para el exdirigente popular y la propia formación sigue ensombrecido. Granados aún tiene pendiente el juicio principal de la pieza 9 de la macrocausa, donde se investiga específicamente la presunta financiación irregular del PP de Madrid a cambio de adjudicaciones ilícitas a grandes empresarios, un procedimiento que amenaza con desvelar de manera estructural los cimientos económicos de la formación conservadora durante su etapa hegemónica en la región.
