El Grupo Socialista ha dado un paso definitivo para acorralar la falta de transparencia de Alberto Núñez Feijóo respecto a su lujoso estilo de vida en Madrid. Mediante el registro de una proposición no de ley, el PSOE forzará al Congreso de los Diputados a votar si el líder del Partido Popular debe verse obligado a reflejar en su declaración de bienes oficial cómo sufraga los costes de su actual residencia familiar, ubicada en la exclusiva zona de El Viso. La iniciativa parlamentaria busca arrojar luz sobre las persistentes dudas y sospechas que rodean la financiación del palacete de alquiler donde habita el jefe de la oposición.
El origen de esta ofensiva institucional radica en la actitud evasiva del líder conservador, quien se niega a detallar las posibles retribuciones en especie que percibe de su propia organización política. Las sospechas ganaron fuerza tras los reproches públicos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien sugirió abiertamente que el Partido Popular sufraga los elevados costes de la vivienda habitual de Feijóo de manera indirecta, un hecho que debería figurar obligatoriamente en sus registros oficiales patrimoniales como un ingreso en especie.
A pesar de que el dirigente gallego ha afirmado de manera vaga que el alquiler lo abona él conjuntamente con su pareja, las contradicciones previas de la formación conservadora debilitan notablemente su coartada. En anteriores ocasiones, portavoces del Partido Popular admitieron que Feijóo percibe «gastos de representación» —un sobresueldo estimado en unos 40.000 euros anuales— cuya finalidad exacta jamás se ha querido desglosar ante la ciudadanía. De este modo, persisten los indicios de que los fondos de la formación sufragan la vivienda de lujo en la capital, burlando los estándares básicos de fiscalización exigidos a las altas autoridades del Estado.
El texto de la iniciativa socialista expone la gravedad de mantener estas sombras sobre la figura del aspirante a gobernar el país. Los socialistas argumentan que, debido a su posición política preeminente, el jefe de la oposición tiene el deber ineludible de incluir en sus declaraciones oficiales «toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie». La opacidad continuada resulta intolerable en una democracia que demanda total claridad respecto a las actividades e intereses económicos de sus representantes públicos.
La polémica se intensifica al constatar el vasto patrimonio inmobiliario privado que acumula Alberto Núñez Feijóo, poseedor de tres viviendas en propiedad repartidas entre Madrid, Vigo y A Coruña. El hecho de que un dirigente con semejante volumen de propiedades requiera, presuntamente, de la cobertura financiera de las siglas de su partido para residir en una de las áreas más costosas del territorio nacional genera un profundo malestar social y aviva los recelos sobre los privilegios económicos ocultos dentro de la cúpula de Génova.
La maniobra del PSOE trasladará la presión al plano de la votación parlamentaria en el pleno, donde las distintas fuerzas políticas se verán obligadas a retratarse. Aunque la proposición carece de carácter vinculante, el objetivo estratégico consiste en visibilizar el aislamiento del Partido Popular en materia de regeneración democrática y forzar una mayoría absoluta en la cámara baja que censure los subterfugios financieros de su presidente. La ciudadanía obtendrá así una radiografía nítida de quiénes defienden la rendición de cuentas y quiénes prefieren amparar la ocultación patrimonial de las élites políticas.
