El PSOE, el PP y Vox han vuelto a aunar sus votos en la Mesa del Congreso para frenar la tramitación de la última iniciativa promovida por los partidos aliados del Gobierno para investigar asuntos relacionados con la familia real y que, en esta ocasión, exigía aclarar la cantidad total de dinero público que se destina a cubrir las actividades públicas y privadas de sus miembros.
Tres partidos con presencia en el órgano rector de la Cámara, siguiendo el criterio establecido por los servicios jurídicos, votaron en contra de su tratamiento: PP, PSOE y Vox. Podemos votó a favor de la iniciativa
En concreto, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCat, CUP, BNG, Compromís y Más País pidieron la creación de una comisión que investigue todos los gastos imputables al erario público derivados de todas las actividades públicas y privadas de los miembros de la Familia Real. Esta iniciativa solo ha contado con el apoyo de Unidas Podemos en la mesa.
Los grupos exceptuaron expresamente de esta investigación la partida presupuestaria que se asigna anualmente a la Jefatura del Estado y de la que Felipe VI dispone a su antojo. Lo hicieron en previsión de que los abogados invocaran el artículo 65 de la Constitución, que autoriza al Jefe del Estado a disponer libremente de ese dinero para el mantenimiento de su familia y su hogar.
Aun así, en su nota, los servicios jurídicos vuelven a invocar este artículo para sugerir que la iniciativa no debe ser procesada. También aluden al artículo 56.3, que establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, para rechazar la pretensión de estos grupos.
Trabajadores, salarios y condiciones
Los promotores de la comisión querían investigar «todas las partidas presupuestarias que por parte de cualquier ministerio u organismo público, directa, indirecta, total o parcialmente, beneficien a la Casa Real y a la Familia Real o a la familia del Rey» y determinar la conveniencia, necesidad y legalidad o no de cada uno de estos gastos.
Entre los objetivos de la comisión de investigación estaba también averiguar el número exacto de personas que trabajan en la Casa Real o para la atención y los servicios que se prestan a los miembros de la Familia Real y del Rey, qué tipo de contratos tienen y cuánto se les paga.
En concreto, los grupos proponentes han pedido al Congreso que aclare los gastos de este tipo que corren a cargo de los Ministerios de la Presidencia -incluyendo Patrimonio Nacional-, Defensa, Interior y Asuntos Exteriores.
Gasto en Arabia Saudí
Asimismo, y para saber cuánto dinero público se gasta, por ejemplo, en la seguridad del rey emérito en Arabia Saudí, donde reside desde hace más de un año, pidieron que se investigue cuánto se ha gastado en la adscripción de personal que participa en misiones oficiales públicas o privadas al servicio de la Casa Real o en el cuidado de los miembros de la familia del rey.
También querían que el Congreso detallara los gastos ocasionados por la presencia de la Familia Real o del Rey en todos los actos a los que asistieron.
La comisión también debería, según sus promotores, hacer una lista de los bienes muebles o inmuebles y de todas las instalaciones de titularidad pública que estén a disposición, sean utilizados o hayan sido utilizados por el Rey, los miembros de su familia, así como los amigos o amantes de todos ellos.
Los importes y gastos concretos de mantenimiento, renovación, compras y liquidaciones de todos los bienes de la Casa Real de titularidad pública, que pueden ser utilizados por cualquier miembro de la familia del Rey, deben ser analizados por esta comisión.
Los aliados del Gobierno de coalición también sugirieron que el Congreso investigue la lista de todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Familia Real que están transferidos a la Administración Pública, así como el uso y el gasto relacionado con ellos.
También querían que la Cámara realizara un análisis de los gastos de Patrimonio Nacional que tienen como beneficiarios a miembros de la Familia Real o del Rey, o a sus amigos o amantes, así como las funciones actuales del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y las cuentas asociadas.
Por último, desean que se especifique la distribución y el destino concreto de las partidas asignadas al programa presupuestario de apoyo y gestión administrativa de la Jefatura del Estado, y que se evalúe la necesidad de cada una de ellas.
