El PP de Esperanza Aguirre habría montado el espionaje político de Madrid con el objetivo de “crear una cortina de humo” en 2009 para ocultar el estallido de la Gürtel, de manera que la atención se focalizara en los supuestos espías a sueldo.
El abogado de tres de los acusados en el juicio por el presunto espionaje político en Madrid ha acusado este lunes al Partido Popular de la época de Esperanza Aguirre de iniciar en 2009 el caso para «esconder» el estallido de la Gürtel y crear «una cortina de humo» con esta investigación, focalizando las miradas en los supuestos espías a sueldo.
Así lo ha manifestado el abogado de los tres acusados en el juicio por el espionaje político a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha celebrado la vista oral sin acusación fiscal y con un calendario en el que está previsto la testifical de los exaltos cargos del Gobierno regional Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados y Salvador Victoria.
A su llegada, el letrado defensor de José Manuel Pinto, Antonio Coronado y José Oreja ha hecho alusión a la supuesta ‘guerra interna’ que había entre los populares en aquella época en la que se tiraban «los trastos a la cabeza».
Además, ha manifestado que es «inexplicable» que desde el 2009 al 2014, el Gobierno regional manifestara que los acusados son inocentes, y desde la entrada de Cristina Cifuentes a la Comunidad se cambiara la teoría con un nuevo letrado ejerciendo como acusación particular.
Además, ha insistido en que Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero de Interior, sabía «perfectamente» lo que pasaba y «no hizo nada». «Yo he presentado 51 pruebas para plantear al verdadero culpable. Y ver si ocurrió algo», ha resaltado. También ha dicho que Aguirre y González «no van a aceptar nada».
Las acusaciones particulares son el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y la exdiputada regional Carmen Méndez González. Y la acusación popular la ejerce el PSOE de Madrid, que solicita penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados.
Por su parte, la Fiscalía de Madrid solicita la absolución de los acusados al considerar que no existe ninguna infracción penal en los supuestos seguimientos a distintos políticos de la Comunidad de Madrid.
En cambio, las acciones particulares acusan al director de Seguridad en la época de Aguirre, Sergio Gamón, y a otros cinco personas, entre ellas tres guardias civiles. En el banquillo de los acusados se sentarán el exfuncionario José Manuel Pinto; los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro. También lo hará el ‘número dos’ de Gamón, Miguel Castaño Grande.
Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien denunció que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.
Los seguimientos se habrían realizado en plena batalla por el poder dentro del Partido Popular después de que Mariano Rajoy perdiera las elecciones generales de 2008. Cobo y Prada, entonces, estaban considerados como adversarios de Esperanza Aguirre.
