Se acercan días difíciles para el “impulso aventurero” del que hablaba la secretaria general de Inmigración y Emigración del Gobierno del PP, Marina del Corral, en referencia al exilio forzoso de los jóvenes españoles en busca de trabajo.
El texto también recoge la prohibición de reingreso en Alemania durante cinco años a aquellos extranjeros que hayan cometido fraude con el uso de documentación falsa para lograr un empleo o su permanencia en el país, una falta que se castigará con elevadas multas o ingreso en prisión.
Además, Alemania endurecerá para los extranjeros las condiciones para acceder a las prestaciones sociales por desempleo o para mantener a hijos a su cargo, protegiéndose así de lo que denominan “turismo social”.
Ya existe un precedente de este proceder por parte de los países ricos de la UE en Bélgica, donde en febrero de este año se anunció la expulsión de ciudadanos europeos que hubieran residido en el país seis meses sin encontrar un trabajo. Alrededor de 300 españoles se vieron afectados por esta medida belga, el mayor colectivo expulsado después de rumanos y búlgaros, por ser, según la portavoz de la Oficina de Extranjería de Bélgica, Dominique Ernoul, “una carga irracional para el sistema”.
