Se acercan días difíciles para el “impulso aventurero” del que hablaba la secretaria general de Inmigración y Emigración del Gobierno del PP, Marina del Corral, en referencia al exilio forzoso de los jóvenes españoles en busca de trabajo.
Según informa el diario alemán Frankfurter Allgemaine en su dominical, el Gobierno de Angela Merkel prevé aprobar a principios de junio un proyecto de ley mediante el cual los extranjeros que lleven seis meses en Alemania y no puedan probar que tienen un puesto de trabajo serán expulsados del país.
Stephan Mayer, el portavoz de Interior del grupo parlamentario conservador de la CDU/CSU, ha comunicado que el Consejo de Ministros alemán podrá valorar y aprobar el texto el 4 o el 11 de junio.
La medida afecta a la gran cantidad de jóvenes españoles emigrados que eligieron Alemania como país en el que buscar su futuro, uno de los principales destinos de la “movilidad laboral” defendida por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sobre todo después de que hace apenas un año anunciara a bombo y platillo el acuerdo con su homóloga alemana para dar empleo a 5.000 jóvenes españoles al año.
Este proyecto, que se presentó a finales de marzo, pretende blindar al país teutón respecto a la masiva inmigración procedente de los países del sur de Europa como consecuencia de la crisis, así como de los nuevos países ingresados en la UE, principalmente Rumanía y Bulgaria. Según la OCDE, Alemania es el segundo país, después de Estados Unidos, preferido por los inmigrantes.
El texto también recoge la prohibición de reingreso en Alemania durante cinco años a aquellos extranjeros que hayan cometido fraude con el uso de documentación falsa para lograr un empleo o su permanencia en el país, una falta que se castigará con elevadas multas o ingreso en prisión.
Además, Alemania endurecerá para los extranjeros las condiciones para acceder a las prestaciones sociales por desempleo o para mantener a hijos a su cargo, protegiéndose así de lo que denominan “turismo social”.
Ya existe un precedente de este proceder por parte de los países ricos de la UE en Bélgica, donde en febrero de este año se anunció la expulsión de ciudadanos europeos que hubieran residido en el país seis meses sin encontrar un trabajo. Alrededor de 300 españoles se vieron afectados por esta medida belga, el mayor colectivo expulsado después de rumanos y búlgaros, por ser, según la portavoz de la Oficina de Extranjería de Bélgica, Dominique Ernoul, “una carga irracional para el sistema”.
