“Dos personas me empujan contra la pared y me tiran al suelo. Me sacaron fuera y se identificaron como policías. Me dijeron que estaba detenido porque había intentado agredir al consejero de Sanidad. Si no fuera por las imágenes, tendría serios problemas…”
Así comienza el último informe de Amnistía Internacional, “España: el derecho a protestar, amenazado”, sobre la represión de la protesta social en nuestro país, un texto que, tras una exhaustiva investigación, “expone los motivos de preocupación de la ONG en torno a las restricciones impuestas al derecho de libertad de expresión y de reunión pacífica en el contexto de las manifestaciones celebradas en los últimos años”.
El informe documenta casos de malos tratos a detenidos bajo custodia policial y el uso excesivo de la fuerza con la que la Policía, en muchas ocasiones e impunemente, reprime las protestas y practica las detenciones de los ciudadanos, así como el abuso de la sanción económica para castigar y disuadir de la participación en protestas pacíficas, muchas veces impuestas a personas que ni siquiera se encontraban en esos actos.
La organización también denuncia la inoperancia de las autoridades a la hora de controlar el abuso policial y garantizar los derechos humanos, además de acusar directamente al Gobierno de España de haber “restringido el derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, de manera que es contraria tanto a las normas internacionales de derechos humanos como a las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional”.
Amnistía Internacional también denuncia que, lejos de buscar la protección de los derechos de los ciudadanos, el Gobierno del Partido Popular ha llevado a cabo la reforma del Código Penal y se halla inmerso en la elaboración de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, mostrando así la “determinación de las autoridades españolas de reforzar una legislación represiva”.
Para la elaboración del informe, la ONG ha realizado un estudio en el que ha estado trabajando durante más de un año, llevando a cabo entrevistas a una treintena de víctimas y a multitud de abogados, periodistas, manifestantes y activistas de otras organizaciones y movimientos sociales, como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o el 15M.
Las situaciones expuestas en el documento se ubican principalmente durante los años 2012 y 2013, pero también se documentan casos ocurridos durante el año 2011 –como el violento desalojo de la acampada del 15M de Plaça Catalunya el 27 de mayo– o las detenciones y torturas en dependencias policiales tras las Marchas de la Dignidad del 22M de 2014, aunque el análisis parte del contexto social desde el inicio de la crisis en 2008, que condujo al incremento progresivo de las protestas ciudadanas.
“Desde que la crisis económica y financiera golpeó a España, la pérdida de puestos de trabajo, las medidas de austeridad y lo que se percibe como una falta de transparencia en la toma de decisiones han llevado a miles de personas a salir a la calle a expresar su protesta”, llegando a celebrarse durante el año 2013 4.500 manifestaciones tan solo en la ciudad de Madrid, de las cuales menos del 1% presenta actos violentos, según ha reconocido el propio Gobierno, por lo que el despliegue policial efectuado y el uso excesivo de la fuerza en la mayoría de las protestas resulta del todo injustificado.
Persecución y criminalización de los activistas
La introducción del texto corresponde al caso de Jorge, un auxiliar de enfermería miembro de la Marea Blanca de Madrid, quien sufrió una detención y denuncia falsa por parte de los agentes de policía que le condujo a un proceso judicial y a una dolorosa criminalización mediática en la prensa. Jorge pudo salir impune de los cargos contra él gracias a la existencia de material videográfico presentado durante el juicio que demostraba su inocencia, pero no ocurre así con muchos de los activistas denunciados sin pruebas por las fuerzas policiales, que acaban condenados a prisión o a sanciones económicas inasumibles.
El de Jorge es solo uno más entre los muchos casos que expone y narra detalladamente el documento de Amnistía internacional, como el de María, quien recibió una sanción de 1.000 euros acusada de haber organizado una protesta no comunicada a las autoridades que tuvo lugar el 25 de octubre de 2012 frente al Congreso, sin embargo, en ningún momento durante la protesta se le pidió la identificación, sino un mes más tarde, cuando salía de una cafetería próxima al lugar donde tenía lugar una protesta del todo diferente.
O el caso de Pablo Ortiz, que recibió una sanción de 300 euros de multa por manifestar su apoyo a una compañera que había sido acusada de un delito contra las instituciones supremas del Estado por haber participado en la manifestación del 25S de 2012. En la concentración espontánea de apoyo había menos de 21 personas, sin embargo, la Delegación de Gobierno en Madrid presentó un recuento de 80 personas concentradas sin autorización.
Con sucesivas narraciones de casos concretos y contrastando las actuaciones policiales y judiciales con las normativas vigentes sobre derechos humanos y regulación de la protesta social, Amnistía Internacional va analizando a lo largo del documento los diferentes aspectos del trato represivo que España hace de la expresión ciudadana, desde la prohibición de las manifestaciones hasta la sanción económica personalizada o multa, pasando por el abuso de la fuerza policial, el material antidisturbios, los ataques a periodistas que pretenden cubrir las actuaciones policiales, la escasa investigación judicial de las extralimitaciones de los agentes y la nula transparencia en los procedimientos, o la criminalización pública de los activistas y los movimientos sociales por parte de los políticos, al compararles con terroristas.
El Gobierno español busca asfixiar la protesta pacífica
La conclusión del informe es la evidencia de que “el Gobierno español está utilizando toda la fuerza de la ley para asfixiar la protesta pacífica legítima”, según manifiesta Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Las recomendaciones finales del informe para el Gobierno de Mariano Rajoy incluyen “modificaciones de las leyes, la política y la práctica para garantizar que tanto la legislación como la práctica nacionales cumplan las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, exigiendo en general que se facilite el ejercicio de la libertad de expresión, que se asegure una actuación policial correcta y que los abusos policiales sean castigados y las víctimas resarcidas.
