Concretamente, pone de relieve que las manifestaciones espontáneas no deben ser consideradas ilegales y advierte a las autoridades de que no deben «esgrimir la obligatoriedad de la notificación previa a la celebración de la manifestación» para obstaculizarla ni «imponer sanciones penales ni de sanciones administrativas consistentes en multas» a los organizadores o participantes.
Amnistía Internacional ha valorado la situación por la que pasa Cataluña como un escenario de «alta tensión» y ha pedido a los responsables estatales y autonómicos que cumplan la obligación de «respetar y garantizar los derechos humanos», entre los que destaca particularmente la libertad de expresión.
«Estos derechos deben ser protegidos en todo momento, y cualquier restricción sobre ellos, debe ser impuesta solo cuando es demostrablemente necesario y proporcionado para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, o los derechos de otros», subraya la organización en un comunicado.
