Concretamente, pone de relieve que las manifestaciones espontáneas no deben ser consideradas ilegales y advierte a las autoridades de que no deben «esgrimir la obligatoriedad de la notificación previa a la celebración de la manifestación» para obstaculizarla ni «imponer sanciones penales ni de sanciones administrativas consistentes en multas» a los organizadores o participantes.
Amnistía Internacional ha valorado la situación por la que pasa Cataluña como un escenario de «alta tensión» y ha pedido a los responsables estatales y autonómicos que cumplan la obligación de «respetar y garantizar los derechos humanos», entre los que destaca particularmente la libertad de expresión.
«Estos derechos deben ser protegidos en todo momento, y cualquier restricción sobre ellos, debe ser impuesta solo cuando es demostrablemente necesario y proporcionado para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, o los derechos de otros», subraya la organización en un comunicado.
Concretamente, pone de relieve que las manifestaciones espontáneas no deben ser consideradas ilegales y advierte a las autoridades de que no deben «esgrimir la obligatoriedad de la notificación previa a la celebración de la manifestación» para obstaculizarla ni «imponer sanciones penales ni de sanciones administrativas consistentes en multas» a los organizadores o participantes.
«Declaraciones como las del delegado del Gobierno en Madrid, amenazando con multar a las personas que se manifiesten espontáneamente están fuera de lugar y ponen en peligro el derecho de reunión pacífica», ha señalado el director de Amnistía Internacional en España, que considera «injustificadas» las suspensiones aplicada en Vitoria y Madrid a dos actos de apoyo a la referéndum ilegal del 1-O.
Además, en relación a los señalamientos en medios de comunicación a responsables políticos que se niegan a incumplir la ley y la inserción en medios de comunicación de publicidad de la consulta, cuestiones ambas que están siendo investigadas por la Fiscalía del Estado, la organización internacional recuerda a las autoridades que las restricciones en el derecho de información «se deben referir a un contenido concreto» y cree que la «restricción de cualquier publicidad o propaganda» es un criterio «notablemente impreciso» que podría suponer la restricción de «ejercicios legítimos de libertad de expresión e información».
«En caso de que las autoridades impongan una restricción a la libertad de expresión bajo el argumento de que supone una amenaza para la seguridad nacional, el orden público o al derecho de otros, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que se debe demostrar de manera precisa la naturaleza de la amenaza, y la necesidad y la proporcionalidad de la medida concreta que se adopte, estableciendo una conexión directa e inmediata entre la expresión y la amenaza, algo que los jueces no hicieron en estos casos», subraya el comunicado.
El texto concluye con un llamamiento a las autoridades a respetar y garantizar «más que nunca» los Derechos Humanos, en una situación de «alta tensión», en palabras de la coordinadora de la organización en Cataluña, Adriana Ribas
