El expresidente provincial del Partido Popular y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se enfrenta a 13 años de prisión y una multa que asciende a 1,98 millones de euros, tal y como ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción en un escrito hecho público hoy por la Fiscalía de Castellón, en el que se incluye además la solicitud de una indemnización a Hacienda por 693.074 euros.
A Carlos Fabra se le acusa de un delito continuado de tráfico de influencias, uno de cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública, y será juzgado a partir del próximo 2 de octubre por la Audiencia Provincial de Castellón. El juicio también será contra la exmujer de Fabra, Amparo Fernández, y contra el empresario Vicente Vilar y su exmujer, Monserrat Vives, todos ellos implicados en el llamado ‘Caso Naranjax’.
Las diligencias contra Fabra comenzaron a raíz de dos querellas presentadas contra él en el año 2003 por Vicente Vilar, titular de Naranjax, una empresa de productos fitosanitarios que en el año 1999 tenía algunos de sus productos pendientes de la aprobación oficial del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Sanidad. Para agilizar el procedimiento administrativo, Vilar se habría puesto en contacto con Carlos Fabra aprovechando para ello la amistad entre sus respectivas esposas.
Según la Fiscalía, Fabra utilizó su cargo de Presidente de la Diputación para interceder como mediador entre Vilar y las autoridades públicas para que Naranjax obtuviera las autorizaciones de las que estaba pendiente. Por esta gestión, Fabra habría pedido al empresario el pago de la cantidad de 150.000 euros.
En concreto, el 12 de julio de ese año tuvo lugar una reunión entre Carlos Fabra, Jesús Posadas (el entonces Ministro de Agricultura) y Juan Costa (el entonces Secretario de Estado de Hacienda) en el Ministerio de Agricultura para abordar el tema del estado administrativo de los productos de Naranjax. Supuestamente, el fruto de esa reunión fue la obtención de la autorización oficial para uno de los productos de Vilar.
Más adelante, Fabra propondría a Vilar asociarse en el negocio fitosanitario constituyendo una empresa, Artemis 2.000 S.L., cuya única función sería la de ostentar la titularidad de los registros de Naranjax y en la que las titulares serían sus respectivas esposas a partes iguales. Carlos Fabra habría continuado entonces con su labor de mediación con las administraciones para asegurarse la concesión de licencias, llegando a entrevistarse incluso con Celia Villalobos, que en aquel momento era ministra de Sanidad y Consumo.
Algo después, Fabra constituyó la sociedad Carmacas, cuya finalidad habría sido la de ocultar los pagos económicos procedentes de Vicente Vilar.
De sus movimientos, la cantidad ocultada por Fabra y su esposa a Hacienda asciende a 1,9 millones de euros, de los cuales 693.074 corresponderían al expresidente provincial del PP y el resto a Amparo Fernández, quien se enfrenta a seis años de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública y una multa de 860.000 euros con una indemnización de 428.644 euros.
Para el empresario Vicente Vilar, la Fiscalía pide una pena de cuatro años de prisión y una multa de 600.000 euros por un delito continuado de cohecho, la misma pena que solicita para su expareja por el mismo delito.
