En el marco del ‘caso Lezo’, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investigue a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, entre los que se encuentran Pedro Calvo y Juan Bravo, colaboradores cercanos del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón.
El Ministerio Fiscal pide la imputación del entonces director gerente de la empresa pública de aguas, Arturo Canalda y de Pablo López de las Heras, José Antonio de Cachavera por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial colombiana que habría supuesto un desfalco de 70 millones de dólares para el Canal.
Se trata de la compra del 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público tan solo un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones. Los investigadores concluyen de estas cifras que se produjo una plusvalía de 41,8 millones de euros, al menos 25 de los cuales podrían haber ido a parar a manos de los responsables de la operación.
La Fiscalía señala que existen claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales «claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que CYII debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos de la CAM», y señala el “supuesto desvío de fondos públicos” basándose en que se utilizó una sociedad radicada en un “paraíso fiscal”.
Además de a Canalda y López de las Heras, la Fiscalía también pide citar como investigados al consejo de administración de la empresa de aguas en 2001 por votar a favor de esta operativa y que lo integraban Pedro Calvo, Juan Bravo, Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.
También solicita que se investigue al exconsejero de Canal Extensia SA Gaspar Cienfuegos, por haber intervenido supuestamente en «aspectos relevantes» de la compra de la filial colombiana del Canal y a Diego Fernando García Arias, vinculado a Inassa en el momento que se concretó la operativa.
Anticorrupción, que apunta que se desviaron fondos públicos con la operativa, destaca en su escrito la «complejidad de esta investigación y la necesidad de impulsarla al estar en una fase muy incipiente» por lo que en la batería de diligencias que dirige al juez también incluye la petición de documentación a la presidencia de la Comunidad de Madrid sobre el acuerdo de noviembre de 2001 para que la entregue en un plazo no superior a diez días.
Se trata del acta de del Consejo de Gobierno que autorizó la compra. En su escrito remitido a la Audiencia Nacional, la Fiscalía aclara que necesita identificar a los miembros del Gobierno regional que firmaron el acta para poder imputar también al exalcalde de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. (Postdigital/Agencias)
