La Fiscalía Anticorrupción interrogó el pasado 6 de abril a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por el cobro de comisiones en la gestión de máscaras para la región.
Aunque la reunión con la Fiscalía Anticorrupción tuvo lugar antes de Semana Santa, se ha dado a conocer este martes, 26 de abril, en un reportaje publicado por El Mundo. En ella se detalla que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que lleva el caso en España, preguntó al empresario y al fiscal por su papel así como por la adjudicación del contrato a la empresa Priviet Sportive, S.L. por un importe aproximado de 1,5 millones.
Según la Cadena SER, Tomás Díaz Ayuso afirmó que las negociaciones fueron legales y descartó que su hermana estuviera implicada en la gestión del contrato, hasta el punto de subrayar que no sabía nada de las transacciones.
Paralelamente a la declaración de Díaz Ayuso en España, la Fiscalía Europea también tomó declaración al empresario Daniel Alcázar, propietario de la empresa Priviet Sportive S.L.
También el consejero de Sanidad
En las mismas fechas, la Fiscalía escuchó el testimonio del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. La mano derecha del presidente acudió como testigo y explicó que siempre actuó «honestamente». Todos los contratos de emergencia se trataron con «transparencia» y se ajustaron «a la legislación de contratos del sector público», siempre «de acuerdo con el procedimiento», añadió entonces.
Como parte de su gestión, Tomás Díaz Ayuso cobró una cantidad cercana a los 283.000 euros, aunque su hermana afirmó inicialmente que la parte que se llevó fue de 55.000 euros. Su implicación no sólo desencadenó una vasta operación judicial que abarcó España y Europa. También desató una tormenta en la Asamblea de Madrid y en el PP que acabó con la salida de Pablo Casado por la puerta de atrás.
