En unas semanas ninguna familia aragonesa con ingresos inferiores a 14.910 euros anuales (1.242 euros al mes) podrá ser desalojada de su casa sin que se le haya asignado otra vivienda de realojo ni las compañías de suministros podrán cortarle la luz, el agua o el gas.
Así lo han acordado las Cortes de Aragón por unanimidad, con un decreto de emergencia y una proposición de Ley de Garantías Sociales que define el concepto de “vulnerabilidad social”, y sitúa a las familias con este riesgo en aquellas cuyos ingresos sean entre una y dos veces el Iprem, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que es de 7.455 euros en cómputo anual.
Esto supone que la cobertura llegará a todas las familias que no superen los 14.910 euros anuales, pero además el acuerdo marca un tope de ingresos mayor para aquellas familias en las que haya menores de edad, miembros dependientes o con discapacidad superior al 33%, víctimas de violencia doméstica o estén inmersas en una ejecución hipotecaria. En estos casos, el límite se fija en 2,5 veces el Iprem, quedando en 18.637 euros anuales (1.553 euros al mes).
Según los datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), el 21% de los aragoneses no alcanzo los ingresos de 14.000 euros anuales, y el 12% se situó por debajo de 19.000 euros, lo que implica que al menos más de un quinto de los hogares aragoneses quedan protegidos por esta medida.
El decreto, impulsado por el Gobierno autonómico, comienza ahora su andadura para convertirse en ley tras el acuerdo de las Cortes, por lo que no podrá ser anulado tras un cambio de gobierno. Además, también blindará la medida frente al Gobierno central del PP, que busca impugnarla con un recurso ante el Constitucional que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada contra el decreto, pero que, por referirse a la redacción de este, no afectaría a la ley.
