La Comunidad de Madrid no fue la única que aprovechó los contratos de emergencia durante la pandemia para hacer negocio. También parece que Luis Ramón Medina Abascal, hijo del Duque de Feria y de Naty Abascal, y Alberto Javier Luceño, encargados de intermediar en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, también se lucraron. Este material no era aceptable, según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.
Por este hecho, el ente investigador les acusa de los delitos de estafa agravada, falsificación de documentos mercantiles y blanqueo de capitales, a raíz del procedimiento de investigación iniciado en noviembre de 2020 por tres contratos de unos 12 millones adjudicados a la empresa Leno.
Uno de 6,6 millones de dólares para adquirir un millón de mascarillas FFP2/KN95, otro de 4,2 millones de dólares para comprar 250.000 pruebas rápidas y otro de 5 millones de dólares para obtener 2,5 millones de pares de guantes
¿Y qué hicieron con ese dinero? El Ayuntamiento ya ha devuelto cuatro de esos millones «por no ser el modelo acordado en la compra», según confirma el Consistorio. Sin embargo, la Fiscalía informa de que con las comisiones obtenidas por los sospechosos compraron coches de alta gama, varios relojes Rolex y otros artículos de lujo.
Según El País, la información compartida por la Fiscalía detalla productos de alta gama que van desde un Ferrari a un Lamborghini, un yate y un piso en Pozuelo valorado en más de un millón de euros
En el caso del hijo de Naty Abascal, según el periódico, compró un yate modelo Eagle 44 al que llamó «Feria», inscrito en el Registro de Yates de Placer de Gibraltar, por cuya compra pagó 325.515 euros. También compró dos bonos de inversión de 200.000 euros cada uno.
Otro dinero lo gastó el empresario Alberto Luceña. Entre los gastos registrados por la Fiscalía está la casa de Pozuelo más tres plazas de garaje y una nave en los alrededores. Todo ello ascendió a 1.107.440 euros.
Además, pagó 60.000 euros por una estancia de seis noches en un hotel de Marbella, entre el 10 y el 16 de agosto de 2020. Son 6.000 euros por noche. También compró tres relojes Rolex, uno de acero por 6.550 euros y dos de oro por 26.000 y otro por 9.900 euros.
Los gastos incluyen una docena de coches de alta gama que van desde un Mercedes A200 AMG por 32.500 euros hasta un Ferrari 812 Suoerfast por 355.000 euros.
El primo de Almeida
El nombre que relaciona el caso con el alcalde de Madrid es su primo hermano. Es el abogado madrileño Carlos Martínez-Almeida Morales, socio fundador de Martínez-Almeida Abogados. Fuentes de la Fiscalía aseguran a El País que han descartado que este familiar haya cometido tráfico de influencias.
Al ser preguntado al respecto, el alcalde de Madrid negó que su familia tenga ninguna vinculación con el empresario contra el que la Fiscalía ha presentado una denuncia por el cobro de comisiones millonarias en contratos públicos.
El alcalde de Madrid también se ha declarado «engañado» por el caso. «Acudiremos a los tribunales porque se nos acusa de un delito de fraude. Este delito de estafa sería contra el Ayuntamiento de Madrid y vamos a emprender todas las acciones necesarias para recuperar el dinero que se haya podido estafar», anunció.
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Para material defectuoso
Los contratos se firmaron en marzo de 2020, «en una situación de rápida evolución de la pandemia provocada por el covid-19 y de extrema falta de material sanitario» de la que el sospechoso se aprovechó para «obtener una exagerada e injustificada ventaja económica» al ofrecer al Ayuntamiento la posibilidad de adquirir grandes lotes de material necesario.
Anticorrupción señala que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones y lo que obtuvo fue un millón de mascarillas, pero pagando un 40% más que el precio ofrecido por el vendedor chino.
Recibió los 2,5 millones de guantes solicitados pero «de mucha menor calidad y con características diferentes a los ofrecidos al Ayuntamiento» y además «a un precio cuatro veces superior al que tenían en un supermercado de Madrid en la misma época».
En cuanto a las 250.000 pruebas, «casi una cuarta parte (60.000) son inservibles por su bajo nivel de sensibilidad (66,7%), y otra parte importante (115.000) son, como mínimo, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80%)», según la Fiscalía.
