Aunque el juez Pedraz desestimó la querella contra Guillermo Zapata por sus tuits de 2011, al considerar que el “humor negro” no era un delito, la asociación Dignidad y Justicia finalmente se ha salido con la suya y ha logrado que el concejal de Ahora Madrid sea imputado por un tribunal de la Audiencia Nacional compuesto por tres jueces conservadores, dos de los cuales están recusados en el caso Gürtel por su afinidad al Partido Popular.
El escándalo, que ya forzó a Zapata a renunciar a su cargo como concejal de Cultura en el Ayuntamiento antes de jurarlo, se desató nada más conocerse los resultados de las elecciones municipales, centrando la atención mediática en unos mensajes publicados en la red social Twitter cuatro años atrás, en los que Zapata reproducía unos chistes sobre el holocausto y la víctima del terrorismo de ETA Irene Villa en una conversación con el director de cine Nacho Vigalondo.
“Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos” es el mensaje por el que Dignidad y Justicia presentó la querella contra el concejal al considerar que el chiste era constitutivo de delito de “humillación a las víctimas del terrorismo”, sin embargo, la propia Irene Villa remitió un escrito al juzgado en el que afirmaba no haberse sentido humillada en absoluto y que “los chistes son solo eso, chistes con los que uno se puede reír o no”.
Pedraz tuvo entonces en consideración la carta de Irene Villa y archivó la querella de Dignidad y Justicia porque no hallaba “ni una conducta especialmente perversa, ni se da el dolo específico, ni además se ha humillado a la víctima”, apuntando además que perseguir el “humor negro” entraría en una “pendiente resbaladiza” contra la libertad de expresión y que “el legislador no va a amordazar a los políticos, entre otras cosas, por obvia inconstitucionalidad”.
Ahora la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional –compuesta por los jueces Julio de Diego, Concepción Espejel y Enrique López– rechaza la decisión del juez Pedraz y llama a declarar en calidad de imputado a Guillermo Zapata, atendiendo al recurso contra el archivo presentado por la Fiscalía y la asociación Dignidad y Justicia. Los tres magistrados conservadores sostienen que el chiste de Zapata no puede ofender solo a Irene Villa sino también a todas las víctimas del terrorismo y sus familiares, por lo que queda “convertido en un delito perseguible de oficio”.
Los jueces ningunean además el criterio de Irene Villa, asegurando en su auto que “el perdón de una víctima en concreto, aun la víctima aludida, más allá del ejemplo de generosidad desplegado por la misma, puede no tener relevancia”, y consideran que existe “cierto grado de desprecio a las víctimas del terrorismo y una cierta y bastante trivialización del terrorismo, que podría exceder de lo que es un mero ejercicio de humor negro”.
La formación Ahora Madrid ha comunicado su respeto por la decisión del tribunal y señalan que Zapata acudirá a testificar el día que sea requerido, ya que “es el primero con ganas de explicar quién es, qué hace y qué piensa”.
