En abril de 2020, en plena escasez de mascarillas, la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de compra de este material para Ifema a la empresa Priviet, propiedad de un amigo de la familia Ayuso, por un millón y medio de euros.
El intermediario es el hermano del presidente. La comisión fue de 286.000 euros. Ayuso lo admite: «Pregunté a mi hermano que me confirmó que había tenido relaciones comerciales con esta empresa y que todo era perfectamente legal, regulado ante Hacienda y declarado». El secretario general del PP, Teodoro García Egea, advirtió que Ayuso había reconocido hoy «que había habido pagos». Y Génova quería saber más.
Según El Mundo y El Confidencial, García Egea, con la ayuda de Ángel Carromero, coordinador del alcalde de Madrid, intentó obtener los datos fiscales del hermano de Ayuso utilizando una empresa municipal y una agencia de detectives, la misma que estuvo detrás del espionaje al ex presidente Ignacio González.
Almeida, que prometió a Ayuso investigar la implicación de su ayuntamiento, no encuentra pruebas. «No tenemos pruebas ni indicios de que esto sea así», afirma.
Pero esto es lo que dice la agencia de detectives: «Los detectives de Mira llegaron a contratar a personas vinculadas a una empresa en la que gobierna el Partido Popular».
Se refiere a la Corporación Municipal de la Vivienda. Les dijo que la misión era ilegal. Ante esta información, pocas horas después de las palabras del alcalde, Carromero dimitió. Político, amigo de Pablo Casado desde que estaban en las Nuevas Generaciones del PP, protegido de Esperanza Aguirre, y siempre acompañado de la polémica desde que fue condenado a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente en Cuba.
