Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón –más conocido por su aeropuerto sin aviones “para que paseen las personas”, por su fortuna ganando en reiteradas ocasiones la lotería nacional o por el “que se jodan” de su hija, la diputada del PP Andrea Fabra–, será juzgado por los delitos continuados de tráfico de influencias y cohecho, así como por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.
Así lo ha decretado hoy viernes el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules con la apertura de un jucio oral, un mes después de que el Tribunal Supremo diera “absoluta libertad de criterio” al juez para que procediera contra Fabra, lo que suponía la posibilidad de ser imputado también por el delito de cohecho o, lo que es lo mismo, el soborno o la aceptación de sobornos.
Éste es el resultado de la admisión a trámite de los recursos de casación presentados conjuntamente por la Abogacía del Estado, la Fiscalía y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana contra una decisión anterior de la Audiencia de Castellón, que en su resolución había excluido el cohecho.
El “Caso Fabra”
Las diligencias contra Fabra comenzaron a raíz de dos querellas presentadas contra él en el año 2003 por Vicente Vilar, titular de Naranjax, una empresa de productos fitosanitarios que en el año 1999 tenía algunos de sus productos pendientes de la aprobación oficial del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Sanidad. Para agilizar el procedimiento administrativo, Vilar se habría puesto en contacto con Carlos Fabra aprovechando para ello la amistad entre sus respectivas esposas.
Existen indicios, según la resolución judicial, de que Fabra utilizó su cargo de Presidente de la Diputación para interceder como mediador entre Vilar y las autoridades públicas para que Naranjax obtuviera las autorizaciones de las que estaba pendiente. Por esta gestión, Fabra habría pedido al empresario el pago de la cantidad de 150.000 euros.
En concreto, el 12 de julio de ese año tuvo lugar una reunión entre Carlos Fabra, Jesús Posadas (el entonces Ministro de Agricultura) y Juan Costa (el entonces Secretario de Estado de Hacienda) en el Ministerio de Agricultura para abordar el tema del estado administrativo de los productos de Naranjax. Supuestamente, el fruto de esa reunión fue la obtención de la autorización oficial para uno de los productos de Vilar.
Más adelante, Fabra propondría a Vilar asociarse en el negocio fitosanitario constituyendo una empresa, Artemis 2.000 S.L., cuya única función sería la de ostentar la titularidad de los registros de Naranjax y en la que las titulares serían sus respectivas esposas a partes iguales. Carlos Fabra habría continuado entonces con su labor de mediación con las administraciones para asegurarse la concesión de licencias.
Imputaciones por delitos fiscales
Como consecuencia de la investigación por el “Caso Naranjax”, se descubrieron irregularidades en las declaraciones de la renta de Carlos Fabra y su esposa que afectaban a los ejercicios fiscales desde 1999 a 2004, de manera que el matrimonio había dispuesto de ingresos que no se correspondían con lo declarado ni con su situación patrimonial, y que, entre los dos, ascenderían a la cantidad de 1.460.000 euros defraudados.
La fase de instrucción del caso contra Carlos Fabra se dio por concluida a principios de 2012, ocho años después de su inicio y habiendo tenido en ese período 9 titulares el Juzgado de Instrucción nº 1 de Nules.
