El Ayuntamiento de Madrid pedirá a la Comunidad de Madrid la «nulidad radical» de la venta de 18 promociones de vivienda pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) a Fidere, filial de la norteamericana Blackstone, por irregularidades en el proceso de transacción durante el anterior gobierno del PP.
Se trata de 1.860 viviendas sociales que acabaron malvendidas a fondos de inversión extranjeros, conocidos como ‘fondos buitre’, durante la etapa de Ana Botella al frente del Ayuntamiento de Madrid, y que ya fue denunciada por la PAH en 2014 ante la Comisión Europea como un “proceso de desmantelamiento de todo el parqué público de viviendas” por parte del PP mediante la especulación con los hogares de familias en riesgo de exclusión social.
La petición del consistorio que ahora dirige Manuela Carmena se sumará a la solicitud de reapertura de la querella presentada por los afectados por la enajenación, de manera que se personaría en el procedimiento que podría abrir el Tribunal de Cuentas y solicitaría la responsabilidad contable de todos los responsables de la venta, además de plantearse como hipótesis la posibilidad de acudir a la regulación americana contra los sobornos.
Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la teniente de alcalde y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, que ha explicado que han decidido iniciar las acciones tras recibir el informe jurídico realizado por el bufete de abogados Alemany, Escalona & De Fuentesanalizar, en el que se muestran hallazgos de indicios de delito en los procesos de venta de las viviendas.
El informe concluye que el proceso se llevó a cabo “sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación, ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar”.
De hecho, la EMVS aceptó sin más la oferta realizada por Fidere sobre el precio a pagar por la compra, que según el informe de la Cámara de Cuentas, se realizó por 128,5 millones de euros, una cifra “inferior al valor contable” de las viviendas, de 159,3 millones de euros.
Tampoco se aplicó la normativa del Reglamento de Adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2008 (modificado en 2012), sino que la transacción se realizó atendiendo al artículo 18 del Reglamento de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad de Madrid.
Según el informe en el que se basa el actual Consistorio para pedir la nulidad de la venta, la gestión y administración de los inmuebles no se ajustó a los intereses de la empresa municipal, habiendo originado un daño al patrimonio de la EMVS.
La petición de “nulidad radical” del acto de la venta es un primer paso de un proceso que posteriormente continuaría en los juzgados si la Asesoría Jurídica de la Comunidad de Madrid diese el visto bueno, de manera que se pudieran recuperar las viviendas para las familias afectadas, muchas de las cuales fueron expulsadas de sus hogares después de no poder hacer frente a la repentina subida en los precios del alquiler llevada a cabo por la nueva empresa propietaria.
Higueras también ha informado de que existe otra vía para tratar de recuperar los inmuebles, y es la de acudir a la regulación americana contra los sobornos, ya que los ‘fondos buitre’ que adquirieron finalmente las viviendas son estadounidenses y la ley norteamericana tiene alcance extraterritorial. Sin embargo, es una opción que el Ayuntamiento está estudiando “con cautela”, ya que deben acreditar de manera fehaciente que existió alguna conveniencia o trato de favor en la venta.
La delegada es «optimista» con el hecho de que la Comunidad otorgue esa nulidad radical una vez que estudie las alegaciones y las irregularidades encontradas por la Cámara de Cuentas en su informe definitivo. «Está en sus manos que se pueda llegar adelante», ha expuesto. (Postdigital/Agencias)
