El actual Gobierno de la comunidad de Madrid, encabezado por Cristina Cifuentes, ha admitido que existió espionaje político durante la etapa de mandato de Esperanza Aguirre en la comunidad y que se sufragaron con fondos públicos las labores de vigilancia que su equipo ordenó llevar a cabo de sus enemigos dentro del propio Partido Popular.
“Tal y como ha quedado acreditado, durante los meses de marzo a mayo de 2008 se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que le correspondían”, consistente en “tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes Administraciones”. Así consta en un escrito de calificación enviado por la actual Administración madrileña al juzgado que investiga el caso, según publica este lunes la Cadena SER.
Ocho años después, tras haber sido tres veces archivada la investigación por la jueza instructora del caso y otras tres veces reabierta por orden de la Audiencia Provincial, el escrito del Gobierno regional pide que los seis imputados por el caso sean llevados al banquillo acusados por un delito de malversación de fondos públicos, acusados de haber realizado seguimientos con medios y dinero de la Comunidad de Madrid.
Los acusados son Sergio Gamón, el entonces director general de Seguridad, para el que se piden 18.000 euros de multa y tres años de suspensión, y el entonces subdirector, Miguel Ángel Castaño, para el que se piden 9.000 euros de multa y los mismos años de suspensión por haber ordenado las labores de espionaje, además de los tres agentes de la Guardia Civil y un empleado público que habrían llevado a cabo los seguimientos, para los que se piden 1.800 euros de multa y un año de suspensión.
Para el Gobierno de Cifuentes, el máximo responsable del dispositivo de vigilancia fue Sergio Gamón, muy próximo a Aguirre, al que se debería aplicar un agravante por ser quien “impartió las órdenes, dirigió de forma determinante la operación antijurídica y fue el artífice de la disposición de los medios de la Administración Regional para sus subordinados”. En cuanto a Castaño, este habría sido el que habría recibido los informes de los agentes que llevaban a cabo las labores de seguimiento ordenadas por el equipo de Aguirre.
Las víctimas del seguimiento habrían sido Manuel Cobo, el entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid de Alberto Ruiz-Gallardón (en guerra abierta con Esperanza Aguirre por el poder en el PP madrileño), y el exconsejero de Justicia y diputado regional del PP, Alfredo Prada.
Sin embargo, Esperanza Aguirre y su mano derecha, Ignacio González, siempre sostuvieron que se trataba de un “montaje” y que jamás existió el espionaje que ahora reconoce Cifuentes, aunque sin entrar a valorar si las órdenes de los seguimientos vinieron de más arriba que de Sergio Gamón. Ahora, Aguirre afirma que si hubo espionaje, ella no se enteró.
