El actual Gobierno de la comunidad de Madrid, encabezado por Cristina Cifuentes, ha admitido que existió espionaje político durante la etapa de mandato de Esperanza Aguirre en la comunidad y que se sufragaron con fondos públicos las labores de vigilancia que su equipo ordenó llevar a cabo de sus enemigos dentro del propio Partido Popular.
Para el Gobierno de Cifuentes, el máximo responsable del dispositivo de vigilancia fue Sergio Gamón, muy próximo a Aguirre, al que se debería aplicar un agravante por ser quien “impartió las órdenes, dirigió de forma determinante la operación antijurídica y fue el artífice de la disposición de los medios de la Administración Regional para sus subordinados”. En cuanto a Castaño, este habría sido el que habría recibido los informes de los agentes que llevaban a cabo las labores de seguimiento ordenadas por el equipo de Aguirre.
Las víctimas del seguimiento habrían sido Manuel Cobo, el entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid de Alberto Ruiz-Gallardón (en guerra abierta con Esperanza Aguirre por el poder en el PP madrileño), y el exconsejero de Justicia y diputado regional del PP, Alfredo Prada.
Sin embargo, Esperanza Aguirre y su mano derecha, Ignacio González, siempre sostuvieron que se trataba de un “montaje” y que jamás existió el espionaje que ahora reconoce Cifuentes, aunque sin entrar a valorar si las órdenes de los seguimientos vinieron de más arriba que de Sergio Gamón. Ahora, Aguirre afirma que si hubo espionaje, ella no se enteró.
