La jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha dado por concluida la fase de instrucción sobre el caso del máster cursado por la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y abre la fase de procedimiento abreviado, paso previo al juicio por presunto delito de falsedad documental en lo relativo al acta de su Trabajo de Fin de Máster.
Así lo expone en un auto, para dar por concluida la fase de investigación como paso intermedio al juicio de este caso, donde también están investigados el catedrático y director del polémico máster de Derecho Autonómico Enrique Álvarez Conde.
Rodríguez Medel considera que los hechos relativos son susceptibles de tipificarse como falsedad documental y recuerda que las dos docentes que figuran en el polémico anta del TFM (Alicia López de los Mozos y Clara Souto), aseguraron que no estamparon su firma en dicho documento. También recalcó López de los Mozos que no presidió ni formó parte del tribunal que evaluó el trabajo de Cifuentes.
Por otro lado, recalca sobre la agenda digital de la Delegación de Gobierno de Madrid del 2 de julio, fecha en la que se habría presuntamente reunido el tribunal calificador, para comprobar si aparecía esa notación, que este departamento no puede informar sobre la existencia de esa cita y que no pueden ser consultadas por el tiempo transcurrido.
En este sentido, la jueza aprecia una contradicción en el testimonio de la expresidenta pues esa imposibilidad también era «predicable» en marzo de 2018, cuando señaló que había comprobado que ese fue el día en el que defendió su TFM.
Cifuentes dimitió en abril tras estallar hace más de 30 días la polémica de la falsificación de su acta del TFM de su máster en la URJC cursado en 2012 y al haberse publicado este mismo miércoles un vídeo en la que se la habría sorprendido robando cremas en un supermercado.
El caso la URJC afectó también al líder del PP, Pablo Casado, pero su causa fue archivada tras la decisión del Tribunal Supremo –órgano que estudió la petición de imputación de Casado por parte de la jueza por su condición de aforado– de no imputar al líder del PP alegando que no había indicios suficientes, aunque sí reconoció que pudo haber trato de favor.
La entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón, también dimitió por otra polémica relacionada con el mismo máster. En el caso de Montón, a magistrada determina ahora el sobreseimiento provisional de la investigación «al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna».(Postdigital/Agencias)