La Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, ha impedido al Ayuntamiento de Manuela Carmena revertir el daño causado por su antecesora en el cargo, Ana Botella, que vendió 1.860 viviendas sociales de titularidad municipal a un fondo buitre en un proceso irregular que ha afectado a centenares de familias.
Ahora, el Gobierno del PP ha enviado al Ayuntamiento de Madrid su dictamen, negativo a la reversión de la venta, por lo que el intento de Carmena queda destruido, ya que se trata de “un dictamen sin posibilidad de recurso, ni en Europa ni en ningún sitio”, según ha comunicado este jueves la teniente de alcalde y delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo en el Ayuntamiento, Marta Higueras.
«Hoy me ha llegado el dictamen diciendo que tiene que archivar el expediente. No niegan que pueda haber irregularidades penales o contables o lo que sea, pero cierran la posibilidad de seguir por la vía de la nulidad de la venta», ha indicado.
Indicios de delito
El informe sobre la operación de Botella encargado por el Ayuntamiento de Madrid concluía que el proceso se llevó a cabo “sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación, ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar”.
De hecho, la EMVS aceptó sin más la oferta realizada por Fidere sobre el precio a pagar por la compra, que según el informe de la Cámara de Cuentas, se realizó por 128,5 millones de euros, una cifra “inferior al valor contable” de las viviendas, de 159,3 millones de euros.
Tampoco se aplicó la normativa del Reglamento de Adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2008 (modificado en 2012), sino que la transacción se realizó atendiendo al artículo 18 del Reglamento de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad de Madrid.
Según el Consistorio, la gestión y administración de los inmuebles no se ajustó a los intereses de la empresa municipal, habiendo originado un daño al patrimonio de la EMVS.
