“La Constitución no reconoce el derecho al insulto”. Así de tajante se ha mostrado la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia contra el periodista y tertuliano Alfonso Rojo, condenado a pagar una indemnización de 20.000 euros al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por vulneración repetida del honor.
“Chorizo”, “mangante”, “sinvergüenza” o “gilipollas” son los calificativos con los que Rojo comenzó a insultar a Iglesias en un debate televisivo del programa La Sexta Noche el 15 de marzo de 2014, para continuar en la misma línea en el programa El Cascabel y en su propia cuenta de Twitter, motivo por el que Podemos decidió interponer una demanda.
Tras analizar la documentación aportada, la Audiencia de Madrid procedió a imponer una condena y una indemnización de 20.000 euros al tertuliano –rebajando la cantidad de 30.000 euros que pedía inicialmente el injuriado– en una sentencia del 22 de junio pasado que fue recurrida por Alfonso Rojo en su momento y que ahora ha sido confirmada por el tribunal con fecha de 1 de septiembre.
A pesar de que la Fiscalía se posicionó del lado del tertuliano en su recurso, alegando que expresiones como “chorizo” y “mangante” carecían de un “matiz injurioso, denigrante o desproporcionado”, los jueces lo han considerado de manera diferente y ven una intromisión ilegítima en el honor de Pablo Iglesias por parte de Alfonso Rojo, que usó expresiones “absolutamente vejatorias e innecesarias, excediendo la libertad de expresión”,
“Quien desempeña un cargo público o tiene una relevancia pública por otra razón, no queda completamente despojado de sus derechos de la personalidad y el empleo de insultos y expresiones vejatorias, desconectadas del mensaje político que se quiere transmitir e innecesarias para transmitirlo, consentidas durante un tiempo prolongado en la web de las demandas, no cumple la función constitucionalmente otorgada a la libertad de expresión, por lo que no puede justificar la preponderancia de la libertad de expresión sobre el derecho al honor”, zanja la Audiencia.
El derecho a la información tampoco se sostiene en este caso. Sobre los insultos de Rojo, la Audiencia señala que en el recurso del tertuliano “no se hace mención siquiera a la veracidad de tales afirmaciones”, por lo que este no puede ampararse en el derecho constitucional a la información, ya que la Constitución “solo protege la información veraz”.
La Audiencia Provincial determina que contra su sentencia ya no cabe recurso alguno y que Rojo deberá pagar la indemnización a Iglesias, además de correr con las costas del proceso de apelación y de publicar en su propio medio, Periodista Digital, el fallo del tribunal contra él.
