La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha criticado la polémica Ley de Seguridad Ciudadana española y considera que el país «carece de un mecanismo de denuncia policial fuerte e independiente que afecte a todas las fuerzas del orden».
Se trata de la conocida como ‘Ley Mordaza’, impuesta por el anterior Gobierno del Partido Popular en 2015 con un fuerte rechazo social por su carácter represivo de la protesta pacífica, y que a día de hoy todavía continúa en vigor a pesar de que el Congreso, en su nueva composición, votó en contra de la ley.
“Inquietante” número de multas
Mijatovic considera «inquietante» que en 2017 se impusieran 21.122 sanciones por falta de respeto o de consideración hacia las fuerzas policiales y que se sancione como delito grave, incluidos los periodistas, la filmación no autorizada de fuerzas policiales.
La experta se muestra contraria a sancionar las «alteraciones menores» en una manifestación, la ocupación del espacio público y la resistencia o desobediencia a las fuerzas policiales. Sólo en 2017, dice en su carta, se impusieron 13.033 multas por el último concepto.
Devoluciones en caliente
En referencia a las fronteras de Ceuta y Melilla, Mijatovic pide que la ley ofrezca «garantías claras contra las devoluciones inmediatas y las expulsiones colectivas» de inmigrantes y proteja el derecho de asilo».
Solicita además una «directriz clara y obligatoria» por parte de las autoridades españolas para que la Guardia Civil actúe de conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos cuando intercepte a inmigrantes.
