La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha criticado la polémica Ley de Seguridad Ciudadana española y considera que el país «carece de un mecanismo de denuncia policial fuerte e independiente que afecte a todas las fuerzas del orden».
Se trata de la conocida como ‘Ley Mordaza’, impuesta por el anterior Gobierno del Partido Popular en 2015 con un fuerte rechazo social por su carácter represivo de la protesta pacífica, y que a día de hoy todavía continúa en vigor a pesar de que el Congreso, en su nueva composición, votó en contra de la ley.
En una carta dirigida a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el presidente del Senado, Pío García-Escudero, Mijatovic celebra la prevista revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana, estancada en el Congreso, y hace recomendaciones para asegurar que se «eliminen las disposiciones que puedan socavar los derechos humanos en España».
Mijatovic expone que confía en que la ley sea revisada «con el fin de limitar las posibilidades de aplicación arbitraria y desproporcionada».
A su juicio la ley es «vaga e imprecisa», por dar a las fuerzas policiales un «amplio margen de apreciación» que «permite limitaciones potencialmente desproporcionadas y arbitrarias en el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica», dice en su misiva.
“Inquietante” número de multas
Mijatovic considera «inquietante» que en 2017 se impusieran 21.122 sanciones por falta de respeto o de consideración hacia las fuerzas policiales y que se sancione como delito grave, incluidos los periodistas, la filmación no autorizada de fuerzas policiales.
Recuerda que en 2013 su oficina ya mostró su preocupación por «la creciente práctica de imponer multas administrativas» en manifestaciones.
En el escrito hace suyas las palabras de la ONU en 2008: «Aumentar las multas por organizar o participar en reuniones pacíficas puede ser considerado una restricción represiva que excede el criterio de necesidad y proporcionalidad».
También considera «problemático» sancionar por haber convocado manifestaciones no notificadas, ya que organismos como la OSCE y la Comisión de Venecia defienden que esa sanción no se justifica.
Expresa su preocupación por las multas elevadas en caso de desordenes públicos en manifestaciones frente al Congreso o el Senado y señala que «hay que proteger la reunión pacífica cerca de dichas instituciones».
La experta se muestra contraria a sancionar las «alteraciones menores» en una manifestación, la ocupación del espacio público y la resistencia o desobediencia a las fuerzas policiales. Sólo en 2017, dice en su carta, se impusieron 13.033 multas por el último concepto.
Devoluciones en caliente
En referencia a las fronteras de Ceuta y Melilla, Mijatovic pide que la ley ofrezca «garantías claras contra las devoluciones inmediatas y las expulsiones colectivas» de inmigrantes y proteja el derecho de asilo».
Solicita además una «directriz clara y obligatoria» por parte de las autoridades españolas para que la Guardia Civil actúe de conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos cuando intercepte a inmigrantes.
