La Comisión de Expertos sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba, constituida a instancias del Ayuntamiento cordobés en 2017 con el fin de dotar al Consistorio de argumentos para que el monumento vuelva a ser de titularidad pública, ha establecido que la Iglesia Católica no es su propietaria y que la inmatriculación a su nombre «no tiene validez jurídica».
Así, los expertos consideran «injusta la situación actual, además de lesiva para los intereses de la ciudadanía, en especial de la cordobesa», y ello por varios motivos, como que «en la referida inmatriculación faltan los tres requisitos básicos exigibles a cualquier registro de un bien: prueba de la propiedad, descripción del bien y certificación de que se encuentra libre de cargas».
Por tanto, la Comisión de Expertos sobre la Mezquita asegura que el Ayuntamiento «tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación, en cumplimiento de su deber institucional de defensa de un bien público en el ámbito del municipio».
Por ello, propone al Consistorio que recabe apoyos parlamentarios para recurrir al Tribunal Constitucional, «con el objetivo final de anular la inscripción de la ‘Santa Iglesia Catedral’ de Córdoba a nombre de la Iglesia Católica y defender la propiedad pública de la Mezquita-Catedral».
El monumento siempre ha sido propiedad del Estado
El informe indica que la Mezquita de Córdoba «carece de antecedentes cristianos documentados», se origina como un proyecto arquitectónico «ligado a la dinastía Omeya» y fue un edificio de propiedad «estatal a lo largo de todos los siglos de Al-Ándalus».
Recuperar la titularidad pública de la Mezquita
Sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha indicado que el Ayuntamiento valorará y estudiará el informe para “desarrollar las actuaciones que van en la línea que le corresponden en su ámbito de competencias» para poder «recuperar el dominio público de la Mezquita-Catedral», ya que las conclusiones del documento ofrecen «más esperanza y capacidad» para «poder revertir una situación», la de la inmatriculación de la Mezquita-Catedral por la Iglesia en 2006, «con la que la ciudad de Córdoba no se siente cómoda».
Los expertos consideran que el modelo de gestión adecuado para la Mezquita-Catedral responde al «sistema de patronato», liderado por la Junta de Andalucía, y en el que esté presente el Estado, el Ayuntamiento, el Cabildo y las universidades.
El informe ha sido elaborado por el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, los historiadores Alejandro García San Juan y Juan Bautista Carpio, y la actual vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, quien no firma el documento al dejar la comisión tras su nombramiento como parte del Gobierno español.
