La Comisión de Expertos sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba, constituida a instancias del Ayuntamiento cordobés en 2017 con el fin de dotar al Consistorio de argumentos para que el monumento vuelva a ser de titularidad pública, ha establecido que la Iglesia Católica no es su propietaria y que la inmatriculación a su nombre «no tiene validez jurídica».
