Con una votación secreta, en papeleta y urna, y con unos controles de seguridad extraordinarios en la tribuna de invitados del Congreso para evitar posibles protestas, la propuesta del PSOE para que el anteproyecto de la Reforma de la Ley del Aborto de Gallardón sea retirado ha resultado rechazada este martes con 183 votos en contra, 151 a favor y 6 abstenciones, 340 votos en total de los 350 diputados que componen el hemiciclo.
Todos los grupos políticos que han tomado la palabra, a excepción de Unió Democràtica de Catalunya (con 6 diputados dentro de CIU) han apoyado la posición contraria a la del Partido Popular, y de los grupos sin intervención en el debate, sólo UPN y Foro Asturias, con un diputado cada uno, habían mostrado su apoyo a Gallardón. El resto de grupos ha expresado con vehemencia su rechazo a la reforma de la ley vigente.
“No voten como diputadas lo que no votarían como mujeres, sean libres y déjennos ser libres” ha sido la frase pronunciada por la socialista Elena Valenciano como final de la primera intervención en la cámara contra la restrictiva reforma del Partido Popular. Sin embargo, la disciplina de partido parece haber imperado sobre la opinión individual, donde, teniendo en cuenta las cifras (175 votos de los populares), tan sólo cuatro diputados se puede asegurar que han votado de manera contraria al mandato de su partido.
Una de las explicaciones a este rechazo a la retirada temprana del proyecto de Gallardón se halla en el discurso expuesto por la diputada de Unió Democràtica de Catalunya, Montserrat Surroca, quien, nada más anunciar al principio de su intervención que votarían contrariamente a la propuesta del PSOE, frenó las expresiones de júbilo de la bancada popular con un “no hace falta que me aplaudan, porque voy a explicar ahora los motivos por los cuales no la apoyamos y probablemente no coincidiremos”.
Surroca ha defendido su postura contraria a la retirada de la ley “desde un planteamiento de coherencia y rigor” porque, según ella, “todo Gobierno tiene derecho a presentar una iniciativa legislativa, nos guste o no nos guste, del mismo modo que los grupos parlamentarios tienen derecho a presentar las iniciativas legislativas que consideren oportunas”, y se está pidiendo “la retirada de un informe de un anteproyecto” cuando aún no ha pasado por los procesos consultivos, ni recibido los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado u otros organismos”. A pesar de que Unió desea una reforma de la ley vigente, la diputada ha informado de que su grupo aún no dispone de una postura definida con respecto al anteproyecto de Gallardón, ya que aún no es más que un mero informe.
Para el resto de la oposición, la reforma de la Ley del Aborto debe ser inmediatamente eliminada por ser “innecesaria”, haber sido “presentada con torpeza” y estar “basada en una falta de consenso”; por abrir “una brecha de desigualdad entre las mujeres” que puedan permitirse viajar para abortar y las que no, a las que se “obliga a hacerlo en la clandestinidad, en condiciones insalubres y con riesgo de muerte”; por suponer un “retroceso” no sólo con respecto a la ley vigente, mediante la cual se ha logrado objetivamente reducir el número de abortos, sino por ser incluso más restrictiva que la ley previa a la actual; por “ir en contra de posturas ya consensuadas con el resto de los países del entorno europeo; por ser “un insulto a las mujeres, al estado laico y a la democracia”; porque “no hay demanda social alguna que pida esta reforma”.
El anteproyecto del Partido Popular ha sido calificado en la Cámara también de “aberrante”, “paternalista”, “caprichoso”, “falacia”, “descomunal despropósito” o “repugnancia”, entre otros muchos calificativos procedentes de los diversos grupos políticos de la oposición.
Además de la “inseguridad jurídica y médica” en la que el anteproyecto deja a las mujeres, y a la incapacidad que se les presume para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, los diputados también han arremetido contra la criminalización de los profesionales de la medicina que ejercen esta práctica sanitaria, haciendo que “el violador que viole a una mujer salga antes de la cárcel que el médico que la ayuda a solucionar las consecuencias de esa violación”. “Es una realidad que se producen interrupciones del embarazo, y estas deben producirse con seguridad jurídica y médica. No deja de haber abortos porque el Gobierno no quiera que los haya, esta medida es ponerse una venda en los ojos”.
El ministro Gallardón ha sido tildado de “integrista retrógrado” y “fascista” y se ha planteado la pregunta sobre por qué el PP “ha judicializado la cuestión ética trayéndola de mano del ministro de Justicia en vez de por la ministra de Sanidad, que habría sido más lógico”.
Con expresiones como “ni Gallardón ni Rouco van a decidir por nosotras” o “es un anteproyecto basado en el Derecho Canónico que huele a incienso y naftalina” se ha sugerido la intervención de la Iglesia Católica en el impulso de esta reforma, y se ha denunciado que los populares “pretenden que una ley de Estado adopte una moral particular privada como la moral pública obligatoria para todo el mundo”, mediante una “ley represiva y opresiva en la que una minoría impone sus creencias a una mayoría”.
En general, los diferentes grupos políticos han apostado más por reforzar la prevención y la educación sexual que por reprimir y castigar la interrupción voluntaria del embarazo mediante cambios legales, y han recriminado al PP su nula disposición al diálogo, a la par que han señalado la incongruencia de defender la reforma por encontrarse en su programa electoral cuando “han incumplido el resto de sus promesas electorales”. “Lo han privatizado absolutamente todo pero llegan al cuerpo de las mujeres y lo convierten en cuestión de Estado”.
La nota más expresiva de la sesión vino de la diputada por Amaiur Onintza Enbeita, quien terminó su discurso con la frase que ha trascendido a las redes sociales: «En mi coño y en mi moño mando yo y solamente yo».
